El panorama en el
Peru se torna cada más oscuro por culpa
del Congreso que no se ha puesto a pensar que de continuar así ingresaríamos a
una incontrolable grave crisis que terminaría con el cierre del Congreso y que el pueblo reclama con urgencia y asi frenar las inconductas de un congreso
que nos esta conduciendo a un abismo sin pensar sobre las graves consecuencias producto de
las pugnas entre el ejecutivo y el
legislativo que atentan contra la gobernabilidad del país: tres intentos de
vacancia, la denuncia por traición a la patria, la acusación de liderar una organización
criminal por presuntos actos de corrupción, la aprobación de un Presupuesto desfinanciado
que de ser aprobado en el pleno podría caer la calificación del país ante el
FMI y organismos financieros y la suspensión de aprobación de fondos para
programa de reactivación impulso Peru.
En este marco y contexto lo único que queda es el cierre
del Congreso, decisión que contaría con el apoyo del pueblo que además reclama
con suma urgencia. Por otro lado, no está demás señalar que para los golpistas
el problema no es el pr4esidente Castillo, el problema son las reformas
enviadas al Congreso que de aprobarse terminarían con las gollerías de los
grupos de poder que viene disfrutando desde el reinado del genocida Alberto Fujimori.
Son 64 proyectos que de aprobarse incrementarían considerablemente los ingresos
del país y lo más importante, pagarían los que nunca pagaron.
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Jaime Quito apoyaría cierre del Congreso de la República
si es que “la población lo pide”
El parlamentario de Perú Libre aseguró que el presidente
de la República podría tomar esta medida por las constantes mociones de censura
a su Gabinete Ministerial.
El congresista Jaime Quito Sarmiento, de la bancada oficialista de Perú
Libre, aseguró que apoyaría un posible cierre del Congreso en caso el pueblo
peruano lo solicite y la coyuntura lo amerite. El parlamentario aseguró que el
Legislativo viene siendo liderado por “grupos de derecha”, quienes están
realizando cambios a la Constitución Política del Perú “a su medida”.
El funcionario de Perú Libre hizo referencia a todos los
artículos de la Carta Magna que se han pretendido cambiar en este Gobierno,
recordando los beneficios personales a los que accederían con estas
modificaciones.
“Hoy el Congreso está cambiando 53 artículos de la Constitución, pero para
sus intereses. Una bicameralidad, una reelección, interviniendo organismos
autónomos para el beneficio de grupos de derecha. Considero que este Congreso
no está en la capacidad de hacer estos cambios en la constitución”, aseguró el
parlamentario de Arequipa.
En esta línea, el parlamentario aseguró que no se opondría a un eventual
cierre del Congreso en caso la población lo solicite. “Si la coyuntura se da y
la población lo pide, que se cierre el Congreso. Yo no tengo ningún
inconveniente. Aquí la situación se va degenerando por parte del Congreso como
estos cambios que están haciendo. Si el pueblo nos puso en este lugar, tiene
todo el derecho de sacarnos”, añadió.
Asimismo, Quito Sarmiento aseguró que el presidente de la
República podría optar por tomar esta medida y llamar a elecciones congresales,
basándose en las constantes interpelaciones que han tenido los titulares de
distintas carteras del Gabinete Ministerial, incluyendo al primer ministro,
Aníbal Torre.
El miembro del Poder Legislativo también responsabilizó
al Congreso de la República respecto a la inestabilidad política que afronta el
Perú e indicó que esta “es provocada por grupos de derecha con el propósito que
el país esté en descalabre para que los recursos sean aprovechados por unas
cuantas personas”.
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FUENTE: EL PAIS
La denuncia contra Pedro Castillo profundiza la
confrontación política y abre un capítulo inédito en Perú
En el país no existen antecedentes de que la Fiscalía
haya denunciado constitucionalmente a un presidente en funciones
Castillo: "Yo no voy a salir del país"
RENZO GÓMEZ VEGA
Lima - 12 OCT 2022 -
El artículo 117 de la Constitución política del Perú
señala que el presidente de la República solo puede ser destituido de su cargo
si comete cuatro delitos: traición a la patria, cerrar el Congreso sin estar
autorizado por la Constitución, no convocar a elecciones o impedir la reunión
de los organismos electorales. Sin embargo, el martes la fiscal de la Nación,
Patricia Benavides, denunció constitucionalmente al Jefe de Estado, Pedro
Castillo, por delitos de corrupción (organización criminal, tráfico de
influencias y colusión) que no se enmarcan en la ley fundamental.
Se trata de un caso inédito en la política peruana. Por
estas horas, llueven las interpretaciones de los juristas en los medios de
comunicación y las redes sociales. Para un sector, el suceso ha puesto en jaque
al actual Gobierno y simboliza el inicio de su fin mientras que para otro bando
la acusación no se ajusta a los principios constitucionales del país.
Según el abogado Omar Cairo, el único mecanismo válido
para destronar al presidente es el juicio político por infracciones
constitucionales. No obstante, la fiscal de la Nación ha elevado su denuncia
bajo una figura contrapuesta denominada antejuicio que tiene como fin habilitar
al Poder Judicial para que procese penalmente al presidente Castillo, pero por
delitos que no están incluidos en el artículo 117. ”Se tendría que reformar la
constitución para que proceda. Tal y como está, no se puede. Por cualquier otro
delito no se puede procesar penalmente al presidente durante su mandato. Hay
que esperar hasta el 28 de julio de 2026″, explica el jurista.
La fiscal Patricia Benavides ampara su imputación en la
Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción que
establece que la inmunidad presidencial no limite la investigación,
enjuiciamiento y sanción. Benavides alega que dicha convención tiene rango
constitucional por ser un tratado de derechos humanos. ”Eso no es cierto.
Porque dicha Convención sostiene que los Estados parte deben adoptar medidas para
evitar la impunidad de los funcionarios sí, pero conforme a sus ordenamientos
jurídicos. Y dentro de ese marco está el artículo 117. Es decir, la Convención
de la ONU remite al artículo 117″, anota Omar Cairo.
Un escenario legal que sí podría aplicarse a la figura
presidencial es la incapacidad moral. Recurso constitucional que destituyó al
expresidente Martín Vizcarra a inicios de noviembre de 2020 por presuntos
cobros ilícitos durante sus gestiones como gobernador regional de Moquegua y
ministro de Transportes y Comunicaciones.
En ese sentido, las causales que podrían vacar al
presidente son muerte, renuncia, salida del país sin regreso, condena por algún
delito del artículo 117, incapacidad física y a su vez incapacidad moral, una
zona gris pues carece de interpretación única. “El problema es que la moralidad
es un concepto subjetivo, porque no hay ninguna moral obligatoria en el país.
Hay libertad de creencias. Dejaría otra vez a la subjetividad del Congreso la
estabilidad de los presidentes”, remarca Omar Cairo, experto en derecho
constitucional.
