A
menos de un año de haber ocupado la presidencia del Perú, el presidente Pedro Castillo acumula más diez
denuncias constitucionales por
presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones e infracciones a artículos
de la Carta Magna.
¿Qué
hay detrás de todas estas acusaciones? Un grueso contrabando, sacarlo del cargo
después de dos intentos de vacancia que terminaron en fracaso.
A esta
coalición reaccionara se suman la llamada prensa mermelera liderada por el
Diario El Comercio propietario del 80% de medios de comunicación.
A continuación,
para su conocimiento y reflexión adjuntamos una nota publicada el 30 de mayo 2022
Presidente
peruano denuncia que hay una persecución "irracional" en su contra
Lima,
30 may (EFE).- El presidente peruano, Pedro Castillo, denunció este lunes que
hay una persecución política "irracional" en su contra, un día
después de que la Fiscalía ampliase la investigación preliminar por un presunto
caso de corrupción.
"Hoy
en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al
presidente de la República, a diferentes ministerios", dijo durante un
acto en el amazónico departamento de Loreto.
Por
eso, se preguntó qué sucedió con "el resto de gestiones" que le
precedieron, así como contra los anteriores mandatarios y sus ministros".
"¿Y
los demás presidentes de la República, y los demás ministros, fueron santos, no
tiene nada ahora?", se preguntó antes de inquirir si los problemas del
Perú están naciendo ahora.
En
este sentido, reiteró que no ha robado "ni un centavo al país" ni lo
hará porque -subrayó- no ha llegado a la Presidencia "para eso".
Finalmente,
instó a los ciudadanos a que le juzguen, "si alguna vez les consta que ha
metido la mano" y "robado un centavo", asuman las medidas
oportunas.
El
fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó este domingo ampliar la
investigación preliminar contra Castillo por los presuntos delitos de
organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada,
informó el Ministerio Público.
Castillo
es investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción
referidas a la irregular adjudicación de la compra de biodiésel, por presiones
en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente
en la región San Martín, a través de una presunta red mafiosa instalada en el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La
Fiscalía precisó que el presidente "tendrá garantizado el pleno ejercicio
de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución
Política".
Dicho
artículo establece que sólo puede ser acusado, durante su período, por traición
a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias,
regionales o municipales; o por disolver el Congreso, fuera de los casos
previstos en la Carta Magna.