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martes, 5 de octubre de 2021

La segunda Reforma agraria en el Peru que al parecer el congreso no está de acuerdo (II)


 La segunda Reforma agraria que al parecer el congreso no está de acuerdo (II)

Ahora lo que se espera es que el Congreso apruebe la ley que ponga en marcha la segunda reforma agraria que no busca “expropiaciones de tierras” sino de medidas para “incluir” mejor en los mercados a dos millones de pequeños agricultores que se ven perjudicados por la distorsión de precios que generan los subsidios de los grandes países exportadores como lo señala Pedro Francke Ministro de Encomia en el video que adjuntamos.

Hace 52 años, el general Juan Velasco Alvarado anuncio desde Palacio de Gobierno la aprobación de la Ley de Reforma Agraria que cambió estructuralmente la distribución de la tierra y del poder en el Perú. Para los campesinos de aquel entonces fue un reencuentro con un Estado que siempre los había abandonado.

Para los propietarios y sus generaciones una decisión que a la fecha no olvidan como lo manifiesta la presidente del Congreso que recibió de la organización criminal los Dinámicos del Centro 20 mil soles para financiar su campaña.  

En aquel entonces, durante el gobierno del General Velasco, en reemplazo de las haciendas se constituyó 1,500 cooperativas agrarias, SAIS y empresas de propiedad social

En esta oportunidad, 3 de octubre del 2021, el presidente Castillo lanzo lo que llamo una segunda reforma agraria que a diferencia de Velasco no se trata de “expropiaciones de tierras” sino de medidas para “incluir” mejor en los mercados a dos millones de pequeños agricultores que se ven perjudicados por la distorsión de precios que generan los subsidios de los grandes países exportadores.

Lo que busca el gobierno de Castillo, es mejorar la productividad de la agricultura familiar y reducir la brecha con las grandes empresas agroexportadores como la de la presidente del Congreso quien se manifiesta contraria a la decisión tomada por el presidente Pedro Castillo que además, ha anunciado un fondo de 600 millones para que el Estado compre productos agrícolas a productores hasta ahora perjudicados por la falta de caminos y de acceso al agua.