En el
video que adjuntamos para su conocimiento, reflexión y difusión, el Sociólogo MANUEL
BENZA PFLUCKER expone
las razones por las que se debe cambiar la Constitución Política del Perú de
1993 y que la derecha defiende.
La Constitución
debe de cambiar por que vulnera nuestra soberanía, permite que las empresas
transnacionales vivan del erario público con el cuento que traen inversión
propia que no es cierto.
La
realidad es que no existe economía social de mercado, de social no tiene nada,
es pura economía de mercado o dictadura del mercado sustentado en el monopolio
de la producción por los grupos económicos dejando para el Estado la
responsabilidad de la Educación y salud. Por eso estamos como estamos.
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EL FUJIMORISMO AVASALLÓ LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES
Nota
periodística publicada el 18 Abr 2011 | 23:42 y Actualizado el 24 de Mayo 2019
Despidió a 300
mil trabajadores públicos, creó las cervices y demolió
sindicatos. Gobierno de ese entonces creó la figura del despido arbitrario que
permitió que los empleadores despidieran a los trabajadores sin mayor
explicación.
Jorge Loayza.
La avalancha de normas anti laborales que dio el gobierno de Alberto Fujimori sepultó
los derechos de los trabajadores desde los primeros años de su gestión.
El señor Raúl Ramos
Silva es un sobreviviente de ese desastre. En el año 1994,
luego de 35 años de servicio en la Municipalidad de Lima y con la nueva
legislación laboral fujimorista, le pusieron la pistola en la cabeza: “O
renuncias o no recibes beneficios”. Optó por lo primero y hasta ahora –a los
setenta años de edad– no se le reconoce todos sus derechos. Él aún no se da por
vencido.
“Estuve obligado a renunciar al igual que la mayoría de obreros con un mínimo
de la indemnización de lo que me correspondía y hasta ahora nos deben. Por
treinta y cinco años de servicio solo cobro 220 soles de pensión”, recuerda.
La lista de ‘muertos y heridos’ de esa aplanadora de decretos es larga. Manuel
Cortez, secretario general de la Coordinadora Nacional de Despedidos, señala
que entre los años 1991 y 1998 se despidieron a cerca de 300 mil trabajadores
del sector público, 180 mil de la administración y
unos 120 mil de las empresas.
Una de las primeras normas laborales del gobierno fujimorista se dio en enero
del año 1991 cuando se publicó el Decreto Supremo 004-91 PCM –firmado por el
entonces ministro de Economía Juan
Carlos Hurtado Miller– , el cual se planteaba la
reestructuración del Estado, porque –argumentaban– había mucha gente y se tenía
que “racionalizar”, es decir, despedir. “Hasta entonces los trabajadores solo
podían ser despedidos por faltas graves”, recuerda Cortez.
Dicho decreto autorizó a todas las entidades públicas a hacer
reestructuraciones y dar incentivos para los trabajadores que quieran dejar su
puesto de manera voluntaria, esto porque el sueldo básico de los trabajadores
era ínfimo.
Cortez precisa que si bien ese sistema se llamó “voluntario” si el trabajador
no lo aceptaba igual era despedido y sin incentivo, además que se prohibía su
regreso a la administración pública.
“El pretexto del gobierno era que el Estado se tenía que reducir para ser más
eficiente porque los trabajadores públicos eran ‘comechados’ y se necesitaba
contratar a personal especializado. Lo cierto es que el número de trabajadores
nunca se modificó porque luego de que despidieron a los estables se contrató a
otros bajo el régimen de contratos por servicios no personales. Ellos no
tendrían derechos como vacaciones, aportaciones al sistema de pensiones o
seguro médico”, explica el dirigente.
La
época más nefasta
Pero esos 300 mil despedidos no fueron las únicas víctimas de las normas que se
dieron durante el fujimorismo. El abogado laboralista Carlos Blancas califica
esos años como “una época muy nefasta para el derecho laboral”, pues se eliminó
una serie de “derechos fundamentales de los trabajadores”. Entre ellos menciona
la eliminación de la estabilidad laboral y la creación de la figura del despido
arbitrario a través del Decreto Legislativo 728, lo que también perjudicó a los
trabajadores privados. Ese decreto se consolidó el año 95 con la Ley 21513, que
eliminó por completo todos los rezagos de la estabilidad.
“Esa figura permitió el despido de dirigentes laborales y el descabezamiento de
los sindicatos. Al inicio del gobierno la tasa de sindicalización era de más de
20% y al terminar fue de 3% a 4%”, recuerda Blancas Bustamante.
En opinión del abogado, otro tema muy grave fue la creación de las services
mediante la apertura de la intermediación laboral, lo que significa –hasta
ahora– la evasión de las obligaciones laborales y la precarización del trabajo,
pues esos trabajadores no gozarían de una serie de derechos como uno formal.
“La tercerización fue para evitar la estabilidad laboral y la organización
sindical. Así, la capacidad de reclamo se redujo y trajo como consecuencia el
pago de salarios bajos”, explicó el abogado.
Ese no fue el único daño porque también se ampliaron los contratos temporales,
lo que provocó que los trabajadores lleven muchos años haciendo labores de uno
estable, pero firmando contratos cada cierto tiempo.
Si bien el argumento del fujimorismo para realizar toda esta política de
flexibilización laboral fue la creación de más puestos de trabajo, lo cierto es
que –dice Blancas–durante los diez años de fujimorismo las cifras de desempleo fueron las mismas.
Javier Mujica: “Fue
la flexibilización más salvaje”
El laboralista Javier Mujica dijo que los cambios que hizo el gobierno
fujimorista en materia laboral determinaron que la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) la calificara como la flexibilización laboral más salvaje en
América Latina. Además, señala que con la Constitución del 93 se dejaron de
lado dieciséis derechos sociales, muchos de carácter laboral. Entre las normas
más graves, Mujica manifiesta las que se dieron para facilitar los despidos.
Mujica indica que también se creó el despido arbitrario, es decir que, en
adelante, el empleador podría despedir a un trabajador sin darle una
explicación. “Además, se dio la Ley de relaciones colectivas de trabajo que
privó a los trabajadores de la protección de la autoridad administrativa”,
acotó.
El abogado indica que otro aspecto nefasto se dio cuando se implantó la
renegociación de los acuerdos de los trabajadores con los empleadores que se
habían suscrito hasta entonces. “Pero eso se hizo con sindicatos debilitados y
los trabajadores perdieron sus derechos”, sostuvo.