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sábado, 2 de julio de 2022

Pacto infame: presidente Castillo y Dina Baluarte seran inhabilitados (I)

Pacto infame: presidente Castillo y Dina Baluarte seran inhabilitados (I)

Sin ánimos de querer minimizar una acusación contra el presidente Castillo que debería ser vista por el Poder Judicial ni caer en la “victimización”, queremos detenernos, en la pretensión de quienes a como de lugar quieren capturar el poder inhabilitando al presidente Pedro Castillo y a la primera vicepresidenta Dina Bolarte por no contar con el número de congresistas para vacar al presidente.

Pero aquí lo que llama la atención y causa estupor e indignación es  la conducta asumida por el partido Perú Libre quien no ha dudado en desprenderse  de su vestido de lentejuelas para compartir con el fuji montesinismo luna de miel en la alcoba del escusado.

No cabe ninguna, de toda la izquierda degenerada del Perú, el autoproclamado partido marxista Perú Libre de propiedad de Vladimir Cerrón sin ningún escrúpulo, comparte acciones golpistas con la mafia enquistados en el congreso con el único objetivo de vacar al presidente Castillo y a su vice presidenta Dina Bolarte.

Increíble. Pero cierto. Esto es el hoy por ti y mañana por mí, el hoy te ayuda y el tu me ayudas. Ambos contentos. A todo esto ¿qué dirán los militantes de Perú Libre convertidos en furgón de cola del fujimontesinismo? De ahora en adelante va a ser difícil negar lo que es obvio, la consolidación de un pacto infame con el fujimontesinismo debajo de la mese para liquidar al presidente campesino Pedro Castillo y a su vice presidenta Dina Bolarte.

Por su importancia, adjuntamos una crónica publicada por el Diario UNO para su conocimiento y reflexión:

Ratifican blindaje a Merino y Becerril, pero dejan la puerta abierta para inhabilitar a Boluarte

Con la singular participación de Guido Bellido y Waldemar Cerrón, la Comisión Permanente confirmó el archivamiento de las denuncias contra los exfuncionarios.

2 de julio de 2022  Por  Diario UNO

La impunidad como bandera. En una decisión que ha merecido una condena masiva, la Comisión Permanente del Congreso ratificó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propone el archivamiento de las denuncias contra el expresidente de facto Manuel Merino y sus exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, por la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como los 79 heridos en las protestas de noviembre de 2020.

Los 22 votos a favor, 6 en contra y una abstención, con los que la Comisión Permanente logró el cuestionado blindaje a Manuel Merino en realidad, aunque indignante, no deja de tener lógica en tanto es la misma coalición de fuerzas políticas que pusieron a Merino en Palacio de Gobierno es la que hoy lo exculpa sin vergüenza alguna, ratificando el infame informe del congresista Alejandro Cavero.

Lo sorprendente de la jornada es el voto a favor del blindaje emitido por los perulibristas Guido Bellido y Waldemar Cerrón, dos legisladores que habitualmente se refieren al “pueblo” en su discurso político pero que ayer no se hicieron problemas en votar una vez más en sintonía con la ultraderecha, negándole a las víctimas de la represión policial el acceso a la justicia.

Y resulta particularmente contradictorio, sino perverso, el comportamiento de quien se presenta en sus redes sociales como “secretario de ideología de Perú Libre”. En la primera votación del informe Cavero, Waldemar Cerrón no asistió a la sesión de la Subcomisión, permitiendo que sea la presidenta del grupo de trabajo, Rosío Torres, quien inclinara la balanza con su voto dirimente.

Luego, tras el pedido de reconsideración presentado por Edgar Reymundo (Cambio Democrático) Cerrón votó a favor de que se vuelva a evaluar el informe. Pero ayer, en la hora decisiva, volvió a ratificar su posición de blindaje a favor de Merino y compañía. Todo esto, a pesar de que se había comprometido en apoyar a la Asociación de Víctimas del 14N.

Para completar la paradoja, Guido Bellido y Waldemar Cerrón votaron incluso en contra de la posición expuesta por el secretario general de su partido, Vladimir Cerrón. “El voto dirimente de la congresista Rosío Torres de APP, para favorecer el archivo respecto a los actos criminales contra la juventud, el 14 de noviembre del 2020, queda como un histórico sello de impunidad que el Perú jamás olvidará y fulmina su carrera política”, publicó el fundador de Perú Libre el 17 de junio.

 EL PUEBLO LOS JUZGARÁ

Tras la decisión adoptada, la congresista y próxima vocera de la bancada de Perú Libre, Silvana Robles, cuestionó la decisión señalando que “el congresista Alejandro Cavero tilda de ignorantes a quienes cuestionamos su vergonzoso informe”. “Ignorante el que, pese a conocer las leyes, elabora malabares jurídicos para encubrir a sus padrinos y aliados políticos, negando el derecho a la verdad de los deudos y familiares”, publicó en Twitter.

Confrontada por el voto blindador de sus correligionarios Bellido y Cerrón, la legisladora por Junín indicó que “cada congresista responde por sus votos; la población sabrá juzgar a cada uno”

Por su parte, la analista Laura Arroyo advirtió que la izquierda es sinónimo de derechos humanos, memoria y justicia social. “Tres características fundamentales pisoteadas hoy por Waldemar Cerrón al apoyar el blindaje de un golpista como Merino. El deber no es solo no olvidar, es saber distinguir izquierda de oportunismo”, dijo.

 CONGRESO INCONGRUENTE

En otra decisión que generó el repudio ciudadano, la Comisión Permanente aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propuso blindar al excongresista del fujimorismo, Héctor Becerril, quien había sido denunciado por presunto tráfico de influencias agravado.

Pese a que Becerril también fue denunciado por la Fiscalía de integrar la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, el ex legislador terminó blindado por los votos de Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular, Podemos, Renovación Popular y Somos Perú.

En el colmo de la incongruencia, después de impedir que el Ministerio Público investigue a Merino y Becerril por la presunta comisión de tan graves delitos, la Comisión Permanente dio 15 días más a la Subcomisión para que presente su informe final sobre la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte, a quien pretenden inhabilitar por presuntamente ocupar un cargo directivo en un club departamental cuando ya era ministra de Estado.