Congreso
envía al tacho Reforma Universitaria: retornan las universidades truchas (II)
Es increíble que tengamos en el Congreso a sujetos que no han dudado en ponerse al servicio de los intereses de quienes han hecho de la educación superior sociedades con fines de lucro sin ningún tipo de control o criterios de calidad —al mejor estilo del fujimorismo de la década de los 90— dejando en claro quién es quién en el Congreso, al devolverle a los a los empresarios de la educación la herramienta de hacer dinero fácil que no deberían hacerlo.. Definitivamente un retroceso histórico como lo da a entender la nota publicada por el Diario La República que adjuntamos para su conocimiento y difusión.
POCA
INSTITUCIONALIDAD
LA REPUBLICA
07
May 2022Actualizado el 07 de Mayo 2022 | 6:35 h
El ataque a la
reforma educativa muestra la debilidad estructural del Estado.
Bastaron 39
votos para tirar por la borda lo avanzado en materia educativa en esta década.
Se unieron los intereses políticos con los económicos y se logró una precaria
mayoría —integrada por grupos que aseguran tener ideologías antagónicas— para
derruir de un tirón la institucionalidad democrática construida en estos años y
volver al negocio y al vil metal.
Las
organizaciones afectadas podrían no ser perfectas, pero nos alejaron por un
tiempo de las universidades de fachada o de las públicas sin un céntimo para
mejorar algo de infraestructura o pagarles algo mejor a los profesores.
Ahora, con una
Sunedu como remedo de la Asamblea de Rectores, vuelve nuevamente el peligro de
que lo central sea preservar el negocio y que el alumno sea la última rueda del
coche y que el resultado de su formación sea un título que no valga nada, por
la poca rigurosidad de quien lo concede. Para muestra, las maestrías de
pacotilla que aprueban trabajos plagados de falsificaciones.
También la
salida del Minedu de la ecuación de la calidad educativa pone en peligro la
dotación de financiamiento para la universidad pública que languideció por
décadas, sin contar con el dinero suficiente para ninguna reforma porque el
Estado no realizaba los aportes necesarios para fortalecer la educación
estatal.
Los 39 votos
emitidos se impusieron a la voluntad expresada por las centros de educación
superior públicos y privados y los gremios de profesores y estudiantes que, una
y otra vez, defendieron la institucionalidad y no se dejaron seducir por los
cantos de sirena de la autonomía y la independencia. Ambas ya están
garantizadas constitucionalmente y existen disposiciones que velan por su
continuidad. No estaban en peligro y eso ha quedado claro para la ciudadanía
que ha entendido el zarpazo como una acción dirigida por los intereses
particulares de los dueños del “negocio” educativo.
Ha hecho bien
el Ejecutivo en anunciar que no está de acuerdo con lo aprobado por el
Legislativo y que no lo promulgará. El Congreso ha demostrado el porqué de su
popularidad por los suelos y la inexistente vinculación de los congresistas con
sus votantes. El camino que seguirá la iniciativa parlamentaria es incierto.
Hay una movilización ciudadana para elevar su aprobación a un referéndum, pero
el Parlamento aún cuenta con el voto por insistencia.
Es muy
lamentable que el poder de dar leyes sirva para dañar lo poco que se ha logrado
construir en pro de la educación.