Ultraderecha no cesa sus ataques y busca inhabilitar a la vicepresidenta Boluarte

Congresistas Norma Yarrow y Jorge Montoya anunciaron la presentación de denuncias constitucionales contra la también titular del MIDIS, Dina Boluarte, pese a que esta pidió licencia oportunamente al Club Apurímac. El golpismo se entrena cada día y muestra un temperamento incansable a pesar de la falta de argumentos.

Diario UNO 25 de mayo de 2022

Vuelven a la carga. Los congresistas de la ultraderecha Norma Yarrow (Avanza País) y Jorge Montoya (Renovación Popular) anunciaron la presentación de dos denuncias constitucionales contra la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, por una presunta infracción constitucional al haber haber colocado su firma en documentos como presidenta de la asociación privada Club Departamental Apurímac.

“La ley es la ley y tiene que respetarse…Esto tiene un periodo de tiempo, pero creo que no podemos volvernos insensibles en el sentido de normalizar todo este tipo de cosas”, dijo la congresista que fue investigada por el Ministerio Público por incrementar su patrimonio más de 50 veces en dos años.

Además, Yarrow la denuncia por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible, por lo que ha solicitado la destitución como vicepresidenta y ministra y la inhabilitación por 10 años de la función pública.

“Al culminar las etapas del procedimiento parlamentario, ameritaría que se le imponga la sanción de destitución e inhabilitación por diez (10) años para el ejercicio de la función pública”, señala en su acusación.

Por su parte, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció una moción de interpelación y denuncia constitucional contra Boluarte y hasta admitió estar emocionado por la “oportunidad”. “Vamos a interpelar a la señora Boluarte, que está dentro de las facultades, es rápido y se puede hacer. Se está procesando la denuncia constitucional, hay que ver quién la firma y se va a presentar. Otras bancadas están en lo mismo. Tenemos que ser cuidadosos en hacer los documentos como corresponde y no dejarnos llevar por la emoción. Tenemos que ser racionales en este tema”, dijo.

ACUSACIÓN SIN SUSTENTO

Durante su participación en el foro de Davos, la vicepresidenta Boluarte afirmó que desde el primer instante en que junto al presidente Castillo asumieron la gestión la oposición no los ha dejado “gobernar en paz”. “Empezamos a gobernar hace nueve mesecitos (…) a pesar de que hasta ahora la derecha en el país, si así podemos denominarla, no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Pedro Castillo”, acotó.

En tanto, el abogado de la vicepresidenta, Alberto Otarola, calificó de “exageradas” las acusaciones contra Boluarte, ya que no se puede considerar infracción constitucional alguna si constan los pedidos de licencia presentados oportunamente a las asociaciones civiles de las que la titular del Midis formaba parte, y que la eximen de mayores responsabilidades..

“He leído detenidamente el informe de la Contraloría y creo que es un informe absolutamente equivocado, que confunde los roles de control señalados por ley y que indebidamente califica el caso como probable infracción constitucional”, dijo.

“Se tienen que calmar las cosas y permitir que la señora Boluarte ejerza su defensa y que el Congreso actúe con responsabilidad”, agregó.

Además, advirtió que el rol que viene desempeñando la Contraloría le recuerda mucho al que jugaba el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

NO FIRMÓ DOCUMENTOS DE GESTIÓN

De una opinión similar fue el abogado constitucionalista Joseph Campos, quien indicó no encontrar en el caso causales para una infracción inconstitucional. “Insisto, hay una solicitud de licencia antes que sea ministra y, en segundo lugar, cuando la Contraloría General señala que hubieron actos de firma, en realidad son una regularización de una observación registral”, precisó.

Acerca de lo advertido sobre los documentos firmados cuando ya era ministra, Campos indicó que estos corresponderían a actas de sucesión y entrega del cargo, más no a documentos de gestión de la entidad “No es un acto de gestión ni dirección“, sostuvo.

Finalmente, advirtió que de acuerdo con el artículo N° 126 de la Constitución Política del Perú, si el Congreso de la República inicia un eventual juicio político contra Dina Boluarte solo aplicaría para su cargo de ministra y no como vicepresidenta.

Cabe agregar que para la defensa de Boluarte, varios congresistas han adelantado opinión sobre la inhabilitación para la función pública que vienen exigiendo como sanción, por lo que estarían transgrediendo el derecho al debido proceso y desconociendo además el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional que señala “el derecho fundamental al debido proceso es un derecho que ha de ser observado en todo tipo de procesos y procedimientos, cualquier que fuese su naturaleza”. Así, los legisladores se estarían colocando no sólo en una actitud contenciosa, sino inconstitucional.