Dejan en ridículo al abogado de Congreso al intentar defender la acusación de traición a la patria a presidente Pedro Castillo
Procurador de congreso quedo mal parado al intentar defender la acusación de traición a la patria por responder a la preguntan si le daría una salida al mar a Bolivia. En ningún momento el presidente Castillo manifestó ceder territorio alguno a Bolivia. Definitivamente la acusación de traición a la patria carece de fundamento jurídico, es una cantinflada, por no decir es un mamarracho. En este escenario lo que apreciamos es que la hez se está apropiando de los resortes del poder. Los peruanos se preguntan ¿No hay formas de resistencia civil frente a tanta miseria humana? ¿Dónde está la gente asqueada de tanto excremento? Aquí lo que está en juego no es el destino del Perú sino el control del poder. En esta línea, es realmente absurda la acusación por traición a la patria como lo señala ex Procurador Antonio Maldonado.
Antonio Maldonado sobre Pedro Castillo: Denuncia
constitucional por traición a la patria es realmente absurda
Exprocurador sostuvo que, en este caso, a lo mucho se puede
señalar que Pedro Castillo hizo una intervención fuera de lugar y desafortunada
sobre el tema.
Ideeleradio. – El Congreso de la
República sigue en una dinámica absurda sin sustento de acusar
al presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de
traición a la patria, que realmente jamás ocurrió, sostuvo el exprocurador Antonio Maldonado, tras considerar que el
Parlamento busca inventar una cortina de humo con este caso.
Fue al referirse a
la presentación del informe final sobre la denuncia constitucional contra el
mandatario por haberse referido a una salida al mar para Bolivia en una entrevista a CNN en
Español.
“El Congreso sigue
en una dinámica absurda con una pretensión de invocar un delito y construir un
caso realmente absurdo no racionalmente sustentable de traición a la patria,
que realmente jamás ocurrió. A lo más se puede señalar que Pedro Castillo, en
este y otros campos, hizo una intervención fuera de lugar y desafortunada, pero
con ese criterio de presunta traición a la patria tendríamos que haber juzgado
a Alberto Fujimori y varios presidentes”, declaró en el programa No
Hay Derecho de Ideeleradio.
“De tal manera, que
allí es un delito que simplemente no existe, en el Congreso se inventa una
cortina de humo para intentar construir una salida, que, por supuesto, es más de
lo mismo que el anterior Congreso, en donde todos los partidos, el Frente
Amplio y los partidos de derecha, terminaron defenestrando a Vizcarra, cuando
de lo que se trata es de buscar una salida legítima […] y el Congreso tendría
que encontrar una forma legítima de salir de la crisis”, afirmó.
Carente
de legitimidad
Maldonado Paredes
opinó que el Parlamento tendría que encontrar una forma legítima de salir de
esta situación, al considerar que es absurdo plantear la inhabilitación por un
caso que no tiene sustento. Advirtió que una decisión carente de legitimidad
sería tomada como un golpe de Estado del Legislativo.
“Yo creo que el
escenario del Congreso por las razones explicadas está cancelado. Y si lo
hacen, va a ser algo muy cercano a un acto de violencia, al carecer de una
medida y de una propuesta de salida a la crisis, y de carecer esta de
legitimidad, va a ser un acto muy vinculado a un golpe de Estado”, mencionó.
“Por supuesto, va a
ser la repetición de lo que pasó con Vizcarra: los protagonistas van a pasar al
absoluto olvido como pasó exactamente con el Congreso anterior. ¿Quién se
acuerda de los congresistas del Frente Amplio que, sumados a ese corifeo de la
derecha, votaron contra Vizcarra? Absolutamente nadie. El señor excura [Marco
Arana], líder de ese grupo desapareció del escenario político para siempre, en
fin”, manifestó.
Autoridad
moral
El exprocurador
estimó, además, que una forma legítima sería encontrar un bien jurídico
lesionado por la conducta presidencial, como el de la lucha contra la
corrupción. Apuntó, no obstante, que este tema no sería enarbolado por el
Legislativo por una cuestión de autoridad moral.
“El Congreso tendría
que encontrar una forma legítima de salir de la crisis y una forma legítima
sería encontrando un bien jurídico lesionado por la conducta presidencial y,
por supuesto, que hay bienes jurídicos lesionados por la conducta presidencial,
pero eso al Congreso no le interesa investigar ni desarrollar, en primer lugar,
porque carecen de autoridad moral para hacerlo”, argumentó.
“Es decir, ¿cuál
sería esta infracción constitucional? Sería la de no haber prevenido y haber
incumplido con su deber de luchar contra la corrupción. ¿Y esto lo va a
enarbolar el Congreso? […] Yo no quisiera estar obligado a salir públicamente a
decir con qué autoridad moral hablan de la lucha contra la corrupción cuando en
mi condición de procurador investigué hechos gravísimos que lamentablemente
quedaron en la impunidad. Entonces, cuidado con esas interpretaciones”,
puntualizó.
La
suspensión judicial
Maldonado Paredes
también se refirió a la opinión del exprocurador César Azabache, quien dijo que si se confirma
que el presidente estuvo involucrado en las fugas de los investigados o intenta
una nueva interferencia, la Fiscalía necesitará la suspensión
judicial del presidente para poder seguirle investigando.
“Entonces, allí yo
creo existe la posibilidad señalada por algunos colegas algunos juristas como
Azabache y López que señalan la posibilidad de la suspensión judicial, en conexión
con la interpretación de la Convención de las Naciones Unidas contra la
corrupción. Esa salida, sin embargo, no está cerrada”, indicó.
“[Esa salida] tiene
una serie de defectos y de vacíos, y también ahí hay que ser muy cuidadoso para
no incurrir en una alternativa cualquiera con el fin de salir de la situación,
porque si se sale de cualquier manera la situación no habremos aprendido nada,
ni como institución ni como sociedad”, agregó.
Curso
de las investigaciones
El exabogado del
Estado estimó, finalmente, que la salida podría surgir del curso de las
investigaciones que está realizando el Ministerio Público, a través del Equipo
Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (EFICCOP). Enfatizó que la
Fiscalía no puede en ese contexto jugar a ser un actor político, sino
investigar con imparcialidad y objetividad.
“Entonces, en el
Congreso yo creo que eso no va a prosperar. Creo yo que la salida podría surgir
del curso de las investigaciones que está realizando el Ministerio Público,
bajo control judicial, siempre y cuando estas investigaciones se hagan con la
debida imparcialidad y objetividad y con respeto estricto del debido proceso”,
aseveró.
“Allí donde el
Ministerio Público y la fiscal de la Nación incurran en la tentación de jugar a
actor político, les va a ir muy mal. Sencillamente porque no son actores
políticos. Los políticos son personas que tienen ciertas características y un fiscal
de la Nación o una fiscal de la Nación o un juez que quiera jugar a actor
político, como ya ha pasado en el pasado, va a incurrir en un triste y
lamentable papel”, recalcó.