El golpe del 5 de abril de 1992 fue el pretexto ideal para redactar una Constitución neoliberal para entregar el Perú a los intereses de las empresas transnacionales que no es difícil constatar y todos somos victimas.
Con esta constitución se han
eliminado 71 derechos que estaban consagrados en la de 1979, en vez de ciudadanos
con derechos somos simples consumidores, el neoliberalismo se ha metido hasta
por los poros de la gran mayoría del pueblo. Con esta Constitución el Perú ya
no es de los peruanos, como lo señala Cesar Hildebrandt, el Perú se ha venido
rematando poco a poco. Por eso esta Constitución tiene que cambiar. Además es
el grito de la calle.
Sostiene un cibernético: “El cambio de Constitución es el primer paso para solucionar la crisis estructural que padece el Perú, porque hemos rotado Gobiernos (cuatro desde 2016), pero nada ha cambiado”.
“Los salarios
y pensiones son miserables, existen millones de desempleados, hay explotación
laboral, el sistema público de salud y educación es un caos y el privado es un
asalto, los servicios básicos son lujos de ciertas clases sociales”. Así se
pronuncian a través de las redes sociales.
“La
Generación del Bicentenario ha dejado el estudio por falta de dinero y
tecnología, o malvive con trabajos esclavos. Los bonos para los aportantes de
la ONP fueron negados por Sagasti, que continúa la política de PPK. La desigualdad social y la corrupción se
profundizan por la permanencia del injusto modelo económico neoliberal que se
sustenta en la actual Constitución”.
El abogado
constitucionalista Luciano López considera que la Constitución Política del
Perú sí debería ser tener una reforma integral. “La constitución de 1993 tiene
un serio problema de legitimidad, el mismo Tribunal Constitucional lo dijo en
la sentencia donde declara la constitucionalidad de la ley 27600 [primera
propuesta de reforma planteada en 2001, pero que nunca se llegó a ejecutar].
Entonces ahí tenemos una cuenta pendiente” que el gobierno del Prof. Pedro Castillo debe
resolver.