Plan demolición contra presidente
Castillo (II): retorno de las psicosociales prensas al servicio de los
golpistas
Continua el PLAN DEMOLICION, el acuerdo de los golpistas al que se ha sumado la Fiscalía es buscar destituir al presidente Pedro Castillo pero antes, inhabilitar a la primera vicepresidente Dina Boluarte con la acusacion de firmar documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac durante su cargo como ministra que no ocurre con el congresista Alejandro Aguinaga que desempeña el cargo de presidente del JCP.
Pero aqui lo llama la atencion y causa estupor e indignacion no es el hecho de Dina Baluarte haya incurrido en infracción constitucional. El problema es que la vicepresidenta Dina Baluarte seria la presidenta del Peru en caso que el presidente Pedro Castillo sea inhabilitado o vacado.
DINA BOLUARTE RECHAZÓ INFRACCIÓN
CONSTITUCIONAL
Mediante su cuenta de Twitter, la
abogada manifestó que “no existe compatibilidad alguna” en el ejercicio de su
cargo como ministra y organizaciones donde participa “sin fines de lucro”. “Como
todo ciudadano y ciudadana tengo derecho a participar en la vida de
asociaciones civiles sin fines de lucro, máxime cuando representan el
desarrollo cultural de nuestro país, como es el caso de la Asociación
Departamental Club Apurímac, así como de la Asociación de Clubes
Departamentales del Perú, instituciones de las que no he percibido ni percibo
remuneración ni beneficio alguno, las que están dedicadas a la promoción de
nuestra expresión cultural”, expresó.
Aquí el problema no es de forma, es
de fondo, como lo revela la AGENDA DE LOS GOLPISTAS QUE ADJUNTAMOS:
1.
Inhabilitar a Dina Boluarte
2. Vacancia de Pedro Castillo
3. -Cambiar al ONPE y JNE
4. Elecciones presidenciales
La prensa se suma al Plan demolición
contra el presidente Pedro Castillo
No cabe ninguna duda, son parte de la
campaña de demolición contra el presidente Castillo como lo demuestran las
portadas diarias que publican.
Pero no dicen ni pio del Congreso que
blinda delincuentes cuello blanco, congresistas corruptos y violadores. No
dicen nada de los 14 proyectos de reformas enviados por el ejecutivo entre ellos
la reforma tributaria que por poner un ejemplo que incrementarían los ingresos
en 12 mil millones de soles, proyecto bloqueado por el Congreso. No dicen nada
de los congresistas integrantes de organizaciones criminales. No dijeron nada de los actos de sedición promovido
por la ex presidenta del Congreso María del Carmen Alva así como de sus 4
proyectos presentados que de aprobarse hubieran significado el incremento de
las utilidades de sus empresas exportadoras en perjuicio de los derechos
laborales de sus trabajadores. Menos se
ocuparon de la estragia puesta en marcha por la fujimorista Moyano cuyo objetivo
era desestabilizar el país y provocar la caída del presidente Castillo.
Fiscalía se suma al Plan de demolición
Lo que faltaba, Fiscalía se suma a la
campaña de demolición como lo da a entender la nota periodística publicada por
Diario Uno que adjuntamos por su profundo contenido reflexivo:
Fiscal de la Nación llama “poner orden” a
debilitar investigaciones emblemáticas
FISCAL BENAVIDES DICE NO TENER CONFLICTOS
DE INTERÉS, PERO RATIFICA REMOCIÓN DE FISCAL QUE INVESTIGABA A SU HERMANA.
Por Diario UNO 4 de agosto de 2022
En respuesta al presidente Castillo,
la fiscal Patricia Benavides señaló que los cambios al equipo que investiga el
caso Cuellos Blancos no es una desarticulación. También se negó a tomar las
declaraciones del presidente en Palacio de Gobierno, y nombró a una cuestionada
aprista como gerenta general del Ministerio Público.
Luego de la publicación hecha por el
presidente Pedro Castillo en referencia a los cuestionados cambios realizados
por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en diversos equipos especiales,
entre ellos el que sigue la investigación del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”
y la remoción de la fiscal Revilla, que investigaba a su hermana Enma
Benavides, la titular del Ministerio Público declaró en RPP que lo que está
haciendo es poner “orden en casa”.
“El tema del cambio de la fiscal
Revilla es porque estoy poniendo orden en casa y es un tema de la producción
que se viene realizando en el tema de la Fiscalía Suprema Transitoria”, dijo, y
agregó que no existiría “ningún conflicto de interés”. “Yo soy la fiscal de la
Nación y tengo que poner orden en casa. Y no por una investigación se va a
perjudicar investigaciones de otros investigados”, dijo, olvidando que cuando
fue entrevistada por la Junta Nacional de Justicia afirmó que no interferiría
en investigaciones a sus familiares.
Sobre el caso Cuellos Blancos, afirmó
que “eso de que se está desmantelando o desarticulando el equipo especial no es
verdad”. Acto seguido, dijo que “el equipo no ha sido desarticulado” pero
admitió cambios ajustados “a cuestiones técnicas”. Algo así como “no se ha
caído, se ha desplomado”.
En otro momento, Benavides aseguró
que no asistirá a Palacio de Gobierno para tomar las declaraciones del
presidente Castillo, pues ello sucede cuando el interrogado es testigo, pero el
mandatario se encuentra en calidad de investigado.
Frente a estas declaraciones, el
abogado del presidente, Benji Espinoza, manifestó que “los miembros de su
equipo fiscal se han comunicado conmigo y con Palacio para coordinar la
diligencia de mañana ahí, no en Fiscalía”.
Tras lo dicho por la fiscal de la
Nación, la abogada Cruz Silva advirtió la gravedad de sus declaraciones, en
tanto “llama orden a la imposición y arbitrariedad”, en lo que parece ser el
inicio de “una dictadura fiscal”. En esa línea, consideró que esto representa
un hecho que pone en peligro “la independencia de los fiscales y las
investigaciones sin miramientos”.
SHOW
Y CÁLCULO POLÍTICO
Una pregunta que nadie ha hecho a la
fiscal de la Nación es cuál es el inconveniente o el perjuicio a las
investigaciones de tomar las declaraciones a Castillo en Palacio de Gobierno.
En el caso del presidente, es comprensible un afán de cuidar su debilitada
imagen a fin de no exponerse a recibimientos hostiles por parte de “espontáneos
manifestantes”, como habitualmente se observa en el hostigamiento de las hordas
fujimoristas a quienes consideran sus enemigos políticos. En ese punto es
válido un cálculo de estrategia política y comunicacional a fin de cuentas.
Sin embargo, en el caso de la fiscal
de la Nación, no debería existir tal cálculo político, en tanto lo único que
interesa a la Fiscalía es recabar las declaraciones del investigado mandatario.
Al respecto, el constitucionalista Aníbal Quiroga, que no tiene una pizca de
izquierdista ni es cercano a Castillo ni los sectores que lo apoyan, consideró
una «discusión estéril» definir el lugar dónde el presidente deba declarar a
los fiscales. «Lo que importa es lo que declare y que se logre un
interrogatorio inteligente», dijo en Canal N.
CONSTITUCIÓN DESFASADA
Acerca de la discusión sobre si el
presidente Castillo debe ir o no a declarar a la Fiscalía, el abogado del
Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, señaló a Diario Uno que la
Constitución redactada durante la dictadura fujimorista, mantiene la ambigüedad
de no señalar expresamente el escenario donde un presidente investigado pueda
dar su declaración, por que buscaba proteger a Alberto Fujimori y el proyecto
que este tenía para mantenerse en el poder.
Sin embargo, advirtió que una
interpretación mucho más amplia y correcta indicaría que taxativamente la
Constitución dice que no se puede acusar al presidente, pero sí se le puede
investigar, y es en esa condición que el mandatario ha sido citado por
Benavides..
Por otro lado, Quispe cuestionó la
estrategia del abogado Benji Espinoza, quien estaría mal aconsejando al
presidente y exponiéndolo a que una inasistencia a una citación pueda ser
tomada después como una medida de obstrucción a la justicia en un eventual
pedido fiscal de detención preliminar judicial o prisión preventiva”, advirtió.
UNA APRISTA EN LA FISCALÍA
De otro lado, en paralelo a las
mediáticas pesquisas contra el presidente, la fiscal de la Nación continúa
tomando decisiones que terminan siendo ampliamente cuestionadas. Entre ellas se
cuenta el nombramiento como gerente general de la entidad a Edelmira del Carmen
Barrantes Pérez, en reemplazo del renunciante Mariano Augusto Cucho Espinoza.
Resulta que Edelmira Barrantes fue
militante del Partido Aprista Peruano desde 2008 hasta 2021, y en el 2010
estuvo involucrada en las investigaciones sobre ex trabajadores de EsSalud que
cobraron indemnizaciones antes de pasar al Ministerio del Interior, donde
Barrantes fue nombrada viceministra.
Sobre el tema, Ojo Público recordó
que durante el segundo gobierno de Alan García, en 2010, Barrantes se desempeñó
como jefa de la Oficina General de Administración (OGA) de EsSalud y previo a
asumir como viceministra del Interior cobró más de S/. 64.000 por ‘despido
arbitrario’.
FISCALES PIDEN SER REPUESTOS
La abogada Bersabeth Revilla,
removida por la fiscal de la Nación Patricia Benavides del caso donde
investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides, por presunto cobro de coimas
a cambio de liberar a narcotraficantes, solicitó mediante un escrito que se reconsidere
la decisión, en tanto ésta carece de sustento y además atenta contra la
jurisprudencia del sistema interamericano de justicia.