OEA
designa a los ocho miembros que integrarán la Comisión de Alto Nivel que vendrá
al Perú
Después de evaluar el pedido “de
ayuda” del presidente Pedro Castillo y activar la Carta Democrática a su favor
por aclamación, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos
(OEA) oficializó la composición del grupo de alto nivel que visitará el país
para evaluar la situación política, siguiendo lo estipulado en la resolución
aprobada por el organismo el pasado 20 de octubre. El presidente del Consejo
Permanente de la OEA y representante permanente de Suriname ante la
institución, embajador Marten Schalkwijk, sostuvo que este grupo
analizará la situación en el Perú, en seguimiento de la resolución aprobada por
el órgano en su reunión extraordinaria del 20 de octubre. “Nunca
en la historia ha habido una delegación de tan alto nivel”, señalo el
representante del Perú ante la OEA, Harold Forsyth. Luis Gonzales Posada,
excanciller del Perú en declaraciones a la prensa expreso que “la Fiscalía y el
Congreso deberán mostrar las pruebas concretas de que no hay golpe de Estado en
marcha”
El grupo
estará compuesto por:
1. Sr.
Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de Argentina
2. Sr. Eamon
Courtenay, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional e
Inmigración de Belize
3. Sr. Juan
Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del
Ecuador
4. Sr. Mario
Adolfo Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala
5. Sr. Julio
César Arriola, ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay
6. Sra. Laura
Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia
7. Sr.
Christian Guillermet, viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica
8. Sr. Eladio
Loizaga, ex ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, representante de la
Secretaría General de la OEA
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CIDH declaró ante OEA que Perú vive una “crisis constitucional” y
“alta conflictividad” política
FUENTE:
Infobae 20 de octubre de 2022
Edgar
Ralón, primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró este jueves que en Perú
existe una “alta conflictividad entre poderes públicos que dificultan la
gobernabilidad”, además de una “crisis constitucional” a raíz de la denuncia
elevada por la fiscal general contra el presidente Pedro Castillo.
Ante el
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que
acordó aplicar la Carta Democrática a pedido del jefe de Estado, Ralón agregó
que la inestabilidad política y los “persistentes cambios de autoridades han
impactado en el goce de los derechos humanos”. Esta intervención fue clave para
la decisión del organismo.
El
representante de la CIDH dijo que Perú atravesó varias crisis políticas por el
“uso reiterado de tres figuras constitucionales”: acusación constitucional,
vacancia presidencial y disolución del Congreso por la denegatoria de confianza
a dos consejos de ministros.
Este
panorama, añadió, debilita la separación y equilibrio de poderes del Estado
ante la falta de definición oficial, y constituye un riesgo alto a la
institucionalidad del país.
La OEA le brinda su total
respaldo a Pedro Castillo tras solicitar que se active la carta democrática
Ralón
comentó que en la última visita realizada al país por la CIDH, entre el 10 y 14
de octubre pasado, se produjeron “hechos inéditos”: las declaraciones de la
vicepresidenta de la República ante la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales y el allanamiento a la casa de su hermana donde se encontraba
la madre del jefe del Estado con “salud convaleciente”.
“Dichas
irrupciones generadas en un concepto de alta conflictividad entre poderes
públicos han dificultado la gobernabilidad del país, pudimos constatar que esto
ha conducido un desgaste en la agenda legislativa y ha suscitado
cuestionamientos sobre la independencia de justicia”, así como el “debilitamiento
de la confianza en instituciones publicas”, declaró el relator dijo, antes de
señalar que la “crisis constitucional” pone en riesgo la institucionalidad del
país.
Perú
atraviesa una aguda crisis política en la que Castillo, en el poder desde julio
de 2021 para un mandato de cinco años, enfrentó dos intentos de destitución en
el Congreso -dominado por la oposición- y fue sometido a seis investigaciones
fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo
familiar y político más cercano.
Esta semana
la Fiscalía denunció al jefe de Estado formalmente ante el Parlamento, un
proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del
presidente, quien se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Ante ello,
Ralón exhortó al Tribunal Constitucional que aclare tres figuras
constitucionales, incluida la vacancia (destitución) presidencial por
incapacidad moral permanente, que a juicio de la comisión “tienen el potencial
de debilitar la separación y el equilibro de poderes”.
Decisión de
la OEA
Posterior a
esta intervención, la OEA expresó su respaldo al Gobierno peruano y decidió
enviar una misión al país después de que el presidente, investigado por
corrupción, le pidiera ayuda para superar la crisis política.
En una
sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de
la organización, adoptó por aclamación la resolución de “respaldo a la
preservación de la institucionalidad democrática” en Perú y llamó “a todos los
actores” a actuar dentro “del estado de derecho”.
Castillo
pidió activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un
instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos entre
los Estados de la región.
La decisión
del presidente de acudir al organismo interamericano se dio el mismo día en que
la fiscal general de Perú , Patricia Benavides, presentó en el Congreso una
denuncia constitucional en su contra por supuestamente encabezar una mafia
corrupta que tiene el supuesto propósito de amañar contrataciones para obtener
ganancias ilícitas de obras públicas.
El
mandatario negó estas acusaciones -que incluyen tráfico de influencias y
fraude- y las calificó de inconstitucionales.
El
presidente y su defensa aseguran que el artículo 117 de la Constitución
establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus
funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la
patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.