Presidente del Peru Merino: Inti y Bryan fueron asesinados y no pasa nada
Un día como hoy, dos inocentes
jóvenes fueron asesinados por orden del autoproclamado presidente Merino y pese
al tiempo transcurrido, la llamada justicia ágil para apoyar la vacancia del
presidente campesino, no ha resuelto nada. ¿Dónde está la fiscal agilita para
blindar a su hermana que libero narcotraficantes internacionales a cambio de
miles de dólares? Increíble pero cierto. Las investigaciones están paralizadas has
el día de hoy por orden del PJ que declara desde el 2020 que el caso no revestía
ninguna relevancia pública. Sobre el caso, adjuntamos para su conocimiento y difusión
crónica publicada por Rodríguez Rivera
Hoy 14 de noviembre de 2022 cumple dos años de las manifestaciones
públicas contra la asunción de la Presidencia de la República por Manuel Merino
tras la vacancia de Martín Vizcarra Cornejo. Las protestas, que
duraron cuatro días, estuvieron caracterizadas por una sistemática y
brutal represión policial en la cual se utilizaron medios de
represión (gas lacrimógeno, perdigones, canicas de vidrio) desproporcionados y
que produjo la muerte de dos personas y decenas de heridos[1].
Frente a ese hecho, el Estado peruano tiene la obligación estatal de
esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y
sancionar de manera efectiva a sus responsables, así como reparar a las
víctimas. De manera específica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) ha determinado que en las investigaciones de muertes
violentas, como las producidas en protestas sociales, las autoridades
estatales tienen que considerar como pautas: a) identificar a la víctima; b)
recuperar y preservar el material probatorio; c) identificar posibles testigos
y obtener sus declaraciones; d) determinar la causa, forma lugar y momento de
la muerte y e) distinguir entre muerte accidental, suicidio y homicidio[2].
El Ministerio Público inició dos
investigaciones de manera simultánea. El 15 de noviembre de 2020
la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió iniciar una investigación
de oficio para esclarecer la presunta responsabilidad del entonces
presidente Manuel Merino, el primer ministro Ántero
Flores-Araóz y el ministro del interior Gastón Rodríguez, en
relación con el uso indebido de la fuerza policial para controlar los actos de
movilización y protesta. Cabe mencionar que esta decisión de abrir dos
investigaciones sobre un mismo hecho obedece a que este primer grupo de altos
funcionarios acusados, comprendidos en el artículo 99 de la
Constitución Política, sólo pueden ser investigados por el procedimiento de acusación
constitucional previsto en el artículo 89 del Reglamento
del Congreso.
Como parte de la investigación realizada, se evidencia que, como
consecuencia de ocupar altos cargos dentro del Estado, las personas denunciadas
se encontraban plena y permanentemente informados, por fuente
directa de los altos mandos policiales, de las operaciones desplegadas en las
movilizaciones sociales entre el 10 y 14 de noviembre de 2020. En función de
ello, a pesar de tener el conocimiento de que sus funciones le
permitían tener dominio sobre el actuar de sus subordinados y capacidad
material para ser empleada en favor de la protección de los bienes
jurídicos de vida e integridad física que se encontraban en riesgo, no decidieron
evitar ningún resultado lesivo.
Es relevante recordar que la
tarde del 13 de noviembre, cuando ya se habían presentado denuncias de
manifestantes heridos por perdigones de goma y bombas lacrimógenas, Ántero
Flores-Araóz intervino en un acto público de agradecimiento a
la Policía Nacional por “siempre proceder en cumplimiento de
los derechos humanos y de los protocolos”. En esa intervención añadió que los
policías “encontrarán en él un defensor”. A esto se suma la declaración pública
de Gastón Rodríguez referida a que, a pesar de tener información diaria sobre
las movilizaciones sociales por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia
(DINI), la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y la Dirección
de Inteligencia de la PNP, negó que los funcionarios policiales hayan utilizado
canicas como proyectiles. Sobre la base de evidencias, dicha afirmación
ha quedado totalmente contradicha por la Fiscalía.
No nos encontramos ante hechos aislados o
excesos individuales que solo deben involucrar a los ejecutores directos de las
violaciones a los derechos humanos. […] obedecen a un patrón de comportamiento
que surge por una orden emanada de los altos mandos de la Policía Nacional.
La segunda investigación que inició el Ministerio Público está a cargo
de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, cuya
titular es la fiscal Jhousy Aburto. En esta investigación se busca establecer
las responsabilidades policiales por el uso de la fuerza excesiva,
indiscriminada y desproporcionada, contra los manifestantes que pretendían
movilizarse hacia el Congreso de la República y Palacio de Gobierno.
En el marco de esta segunda investigación preliminar, un punto de suma
importancia que sostiene la Fiscalía en su informe, es que no nos
encontramos ante hechos aislados o excesos individuales que solo deben
involucrar a los ejecutores directos de las violaciones a los derechos humanos.
Al contrario, la información recabada permite verificar que por la forma de
ejecución de disparos directamente al cuerpo de los manifestantes en zonas
sensibles (cabeza, ojos y oídos), la magnitud y gravedad de las lesiones sufridas,
la cantidad de manifestantes lesionados y el uso de armamento como municiones
prohibidas, obedecen a un patrón de comportamiento que surge por una orden
emanada de los altos mandos de la Policía Nacional.
De hecho, es posible verificar la existencia de una cadena de mando a
partir de la distribución de ubicaciones y zonas de responsabilidad. Por
último, debe señalarse que el uso arbitrario de la fuerza por parte de los
efectivos policiales no solo fue dirigido a los manifestantes, sino también a los reporteros de
medios de comunicación y brigadistas debidamente identificados
con un emblema de la cruz roja.
Como resultado de ambas investigaciones, a casi un año después
de los hechos ocurridos, el 4 de octubre de 2021 la Fiscalía de la Nación
ha formulado una denuncia constitucional contra los tres
altos funcionarios por el asesinato de dos personas y 78
ciudadanos agraviados de los delitos de lesiones graves y leves.
Adicionalmente, el 6 de octubre, la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima ha
dispuesto formalizar la denuncia penal y continuar con la
investigación preparatoria contra los 11 oficiales policiales.
Sobre la base de lo mencionado, podemos señalar que, si bien existe un
importante avance en el proceso de investigación por las violaciones a los
derechos humanos ocurridas en las manifestaciones entre el 10 y el 14 de
noviembre, este todavía es insuficiente para otorgar una reparación a las
víctimas. Es necesario continuar con los procesos judiciales y establecer
garantías de no repetición para que estos hechos no vuelvan a producirse.
Una publicación de OJO PUBLICO
que adjuntamos por su profundo contenido reflexivo
El sábado 14 de noviembre, Jordan Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22) murieron a causa de la represión policial de la marcha nacional en contra de la presidencia de Manuel Merino y el Congreso. Los certificados de sus necropsias detallan brutales impactos de proyectiles por armas de fuego sobre sus cuerpos. Dos jóvenes que no buscaban el heroísmo por una muerte precoz, sino concluir sus estudios, trabajar y construir la posibilidad de un país distinto. Este es un homenaje a su memoria de sus vidas a partir del recuerdo de sus amigos y familiares para que la impunidad y la lenta justicia no permita que los olvidemos nunca.
Rosa Chávez Yacila
Rosa Chávez Yacila
@rosaelisach
rosa@ojo-publico.com
18 Noviembre, 2020
La tarde del lunes 9 de
noviembre, 105 congresistas votaron a favor de la destitución del expresidente
Martín Vizcarra, por "incapacidad moral permanente". Manuel Merino,
congresista del partido Acción Popular -entonces presidente del Congreso y uno
de los principales impulsores de la vacancia- asumió el cargo.
Ese mismo lunes, decenas de
colectivos y grupos de jóvenes, organizados a través de las redes sociales,
salieron espontáneamente a las calles a protestar, en varias ciudades del país.
La arbitraria decisión de la mayoría del Congreso (105 de los 130
parlamentarios) de destituir a Martín Vizcarra ocurrió a tan solo cinco meses
de las elecciones generales, y en medio de una pandemia que ya va dejando en
Perú más de 35 mil muertes.
Desde entonces las
manifestaciones en todo el país no pararon y la represión policial, apareció
con un ímpetu alarmante. El jueves 12 de noviembre, en la primera gran marcha
nacional, en Lima hubo más de una decena de heridos por bombas lacrimógenas y
perdigones, que fueron atacados por la policía mientras protestaban
pacíficamente. Este grado de violencia policial no se veía en la capital del país
desde fines de los años 90 y el año 2000, cuando se impulsó la Marcha de los
Cuatro Suyos contra el gobierno autoritario de Alberto Fujimori.
Pero la noche más
sangrienta, la última en las vidas de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado,
fue la del sábado 14 de noviembre. Según los certificados de las necropsias,
ambos jóvenes fueron asesinados por múltiples disparos de proyectiles con armas
de fuego. Además, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDHH) registró
más de 200 heridos y, hasta el martes 17 de noviembre, dos desaparecidos. Al
día siguiente de la cruenta represión, el domingo 15, Manuel Merino renunció a
la presidencia del Perú. Ahora él, el expremier Ántero Flores-Aráoz y el
exministro del interior Gastón Rodríguez son investigados por los delitos de
abuso de autoridad, homicidio agravado, lesiones graves y leves y desaparición
forzada.
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El
imparable viaje del sol
Jordan Inti Sotelo Camargo 24 años
VOCACIÓN.
Inti quería ser un guía oficial de turismo.
Foto:
Archivo familiar
VOCACIÓN. Inti quería ser un guía oficial de turismo.
Foto: Archivo familiar
Cuando había una exposición en grupo, sus compañeros del
instituto siempre le pedían a Inti que vaya primero. “Sálvanos, pues”, le
decían sus amigos. En el salón donde estudiaba para ser guía oficial de
turismo, todos sabían que era el más elocuente e informado, sobre todo
cuando se trataba de política e historia del Perú. Cada vez que hablaba en
público, con su voz delgada, los demás lo escuchaban con atención, hasta que,
sin darse cuenta, la clase ya había terminado.
Inti quería saber más porque esperaba algún
día ser el guía de los turistas extranjeros que visitan el país. Por eso mismo,
no se perdía ningún viaje de estudios, Quería conocer la costa, la sierra y la
selva: era un viajero incansable. A pesar de ser un estudiante de pocos
recursos económicos, cada vez que podía agarraba su mochila y salía de Lima.
Así lo hizo en su último cumpleaños, cuando se regaló a sí mismo un viaje al
mar de Lambayeque. Era un chico de playa. Uno de sus pasatiempos era ir en
bicicleta hasta una y echarse a solas bajo el sol.
ERA INGENIOSO Y
ARROJADO, CUALIDADES QUE LA NECESIDAD OBLIGA A FORMAR.
Los pocos soles en el bolsillo nunca fueron
un obstáculo para hacer lo que deseaba. Salió de la casa de sus padres muy
joven, necesitaba saberse independiente. Para pagar el alquiler de su cuarto en
San Juan de Lurigancho, sus estudios en el instituto Cepea, sus comidas y sus
viajes trabajaba como guía en el Centro de Lima y como repartidor en bicicleta
de Rappi y otras aplicaciones. Una vez trabajó descargando un tráiler de telas
en la madrugada para poder pagar un viaje a la selva de Chachapoyas. En otra
oportunidad dejó un trabajo remunerado para ser voluntario en una sala de
exposición de la cultura Caral, la más antigua de América, y una de las
que más le apasionaban. Cuando llegó la pandemia y no pudo costear la renta, le
ofreció a la casera ayudarle en la limpieza del edificio. Era ingenioso y
arrojado, dos cualidades que la necesidad te obliga a formar.
De alguna manera, desde siempre estuvo
ligado a la cultura ancestral peruana. Su padre era de Ayacucho y su madre de
Cusco (habían llegado a Lima huyendo de la violencia terrorista). Inti, que en
realidad fue su segundo nombre, significa “sol” en quechua. Su hermana melliza
lleva el nombre de Killa (“luna”) y su hermano mayor, Pacha (“tierra”). “Tenía
mi universo en casa y ahora me han quitado mi sol”, dijo su madre, Luzdilán
Camargo, en el velorio. Dicen los amigos de Inti que ese nombre suyo le
encantaba, que lo hacía sentirse especial.
AUNQUE PAREZCA
INCREÍBLE, EL PROYECTIL CAYÓ JUSTO EN SU TATUAJE DE SOL.
Tanto le gustó su segundo nombre que se lo
tatuó dos veces. Un sol inca en el brazo derecho y un sol tribal en el lado
izquierdo del pecho, a la altura del corazón. “¿Por qué piensan que los que
tenemos tatuajes somos malas personas?”, solía quejarse el joven que prefería
comer vegano y reciclar. La noche del sábado 14 de noviembre de 2020, en medio de las protestas
ciudadanas, un policía le disparó un perdigón de plomo en el
pecho. Aunque parezca increíble, el proyectil cayó justo en su tatuaje de sol.
"Herida penetrante de tórax por proyectil de arma de fuego", según el
certificado de la necropsia, difundido por su abogado Ronald Gamarra. "Lo
han matado de un disparo en el corazón", lloraron sus padres el día del
asesinato de su hijo. Inti Sotelo Camargo había salido a protestar solo con
agua y vinagre en su mochila. Pensaba que reclamar en las calles por sus
derechos era otra forma de conocer mejor el Perú.
Un pirata con muchos amigos
Jack Bryan Pintado Sánchez 22 años
BUEN COMPAÑERO. Jack Bryan era uno de los amigos más
queridos por su cariño y alegría.
Foto:
Archivo familiar.
Una
tarde de noviembre, toda una calle del distrito de San Martín de Porres, al
norte de Lima, se llenó con los amigos de Jack Bryan. Con velas encendidas,
pancartas y afiches en las manos, decenas de chiquillos y chiquillas se habían
reunido a las afueras de una iglesia para darle la despedida a quien fue uno de
sus más entrañables cómplices.
“Era bien bien alegre, bien
sociable, nunca lo vi con mala cara, su presencia no incomodaba”, dice
Shantall Vertiz, la prima que vivió con él toda su vida. Jack Bryan había hecho
amigos en su barrio, en el inicial, en el colegio José Granda y en la
universidad César Vallejo donde estudió Derecho, carrera que eligió porque
quería luchar contra las injusticias. De hecho, tuvo que abandonarla por la
falta de dinero, que podría ser un ejemplo de injusticia de la sociedad que
siempre criticó.
EL SOBRENOMBRE QUE
ÉL PREFERÍA ERA “JACK SPARROW”
“Era el que nos hacía reír a todos con
sus ocurrencias”, cuenta Martín Murillo uno de sus compañeros de colegio,
“además le gustaba participar mucho de las festividades”. Otro de sus
amigos de esa época también lo recuerda por su alegría y por las travesuras que
compartían. “Cómo olvidar cuando jugábamos con agua mojándonos y luego nos
escondíamos del auxiliar”. Una amiga de la infancia, y su vecina, se refiere a
él como alguien muy inquieto y juguetón.
Por ser tan amiguero, Jack Bryan tuvo
distintos apodos, según el grupo con el que andaba “Bemba” o “Bembón” para
algunos amigos, “El enano” para la familia. Aunque el sobrenombre que él
prefería era “Jack Sparrow”, por el personaje de Piratas del Caribe. Ese que
creía que los piratas, por más desprestigiados, también podían ser buenas
personas, y que arriesgaba su vida para salvar la de los demás.
Pero por sobre sus amigos y amigas,
por encima de toda la gente que lo quería, Jack Bryan siempre eligió a su
“mamá”. Así le decía a su abuela, Moraiba Sandoval, la mujer que lo crió desde
que era un niño de tres años, después de dejar Loreto, la región de la selva
donde nació. Ella fue su persona favorita. El nieto disfrutaba de los días en
casa, en compañía de quien consideraba su madre y de su gata, Michi. Le gustaba
sentir su cariño y comer de su comida, en especial el arroz con pollo, uno de
sus platos favoritos. Para Moraiba, Jack Bryan era su hijo.
NI SIQUIERA HUBO
OPORTUNIDAD DE SALVARLO: LLEGÓ MUERTO AL HOSPITAL.
Afuera de la morgue, después de reconocer
el cadáver de Jack Bryan, Moraiba Sandoval dijo estar viviendo su propia
muerte. De acuerdo a la necropsia, compartida por el abogado Gamarra, en medio del caos de la
represión policial en la marcha, le habían disparado diez
perdigones: cuatro en la cabeza, dos en el cuello, dos en el tórax y dos en el
brazo izquierdo. Según el acta fiscal, eran proyectiles de plomo, pero la
policía ha negado emplear ese tipo de armas. Ni siquiera hubo oportunidad de
salvarlo: llegó muerto al hospital. Ahora su abuela solo pide justicia, la
misma que Jack Bryan alguna vez quiso buscar para otros.
