Toque de queda decretado por el presidente Castillo: ¿Se justifica o no?
No sabemos si la decisión del presidente Pedro Castillo de declarar
toque de queda por un día fue lo más acertado si consideramos la existencia de
una información de inteligencia sobre la existencia de un plan para generar
desmanes acompañado de saqueo a negocios que terminaría poniendo en grave
riesgo la vida de los ciudadanos.
Lo evidente es que desde el día uno en que asume el gobierno Pedro
Castillo la cavernaria derecha enquistado en el congreso ha buscado
permanentemente en obstaculizar y generar una situación de inestabilidad desde
el día uno en que el presidente asume el cargo.
En este escenario se justificaba el toque de queda y los resultados está
a la vista, caída de los precios de los productos en los mercados de abastos
mayoristas. Así por un poner un ejemplo, la zanahoria que estaba a 20 soles el
kilo el día de hoy su precio fue de tres soles. Lo mismo ocurrió con otros
alimentos de consumo popular.
En este marco y contexto el toque de queda se justifica por ser una decision que permita garantizar y proteger la vida de los ciudadanos-
A continuación adjuntamos una crónica publicada por la BBC en momentos que el Perú después de la
pandemia enfrenta una grave crisis de gobernalidad.
Perú: 3 claves sobre las protestas que provocaron el controvertido
estado de emergencia en Lima y Callao
José Carlos Cueto
BBC News Mundo
Millones de peruanos se despertaron sorprendidos este martes 5 de abril.
En las primeras horas del día, muchos de los residentes de las
provincias de Lima y Callao se enteraron de que su presidente Pedro Castillo,
de imprevisto, había anunciado a medianoche toque de queda y estado de
emergencia desde las 2:00 de la mañana hasta las 23:59 de este martes.
Esta polémica decisión es la respuesta del gobierno a la nueva crisis
política y social de Perú, que cumple una semana de protestas generalizadas en
las que han muerto cuatro personas y hay 20 detenidos.
Las protestas arrancaron el pasado 28 de marzo por el alza de precios
del combustible y se ha extendido a otros gremios de trabajadores, generando
episodios de violencia y disturbios.
Como sucede en muchos países, el incremento generalizado del costo de
vida ha estrechado el bolsillo de los peruanos, registrándose datos de
inflación no vistos en décadas.
Desde su llegada a la presidencia en julio de 2021, la estancia de
Castillo ha estado marcada por múltiples cambios en su gobierno, dos intentos
de moción de vacancia en su contra y pérdida de popularidad incluso en sectores
que validaron su triunfo electoral.
La inestabilidad política y social de Perú se ha visto reflejada en los
cinco presidentes que ha tenido en los últimos seis años, las protestas
recurrentes y los daños humanos y materiales ocasionados por la pandemia,
siendo uno de los países más afectados en América Latina.
BBC Mundo analiza en tres claves su última crisis.
1. Alza de los precios del combustible y el costo de vida
Al igual que el resto del mundo, Perú no escapa de la inflación heredada
por el golpe económico de la pandemia, las disrupciones en las cadenas de
suministro y el conflicto entre Rusia y Ucrania.
El índice de precios del consumidor creció un 1,48% en marzo y se
convirtió así en la variación mensual más alta en 26 años, de acuerdo al
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entre las causas, el
encarecimiento de alimentos, la educación y el transporte.
Los altos precios del combustible fueron el detonante para que el pasado
28 de marzo el gremio de transportistas pesados anunciara un paro indefinido.
"Comunicamos a la población el inicio de nuestra huelga a partir
del 28 de marzo, porque lo que seguimos cobrando por el flete de las cargas ya
no nos alcanza para seguir operando", explicó entonces el presidente del
Gremio Nacional de Transportistas y Conductores, Héctor Velásquez.
Los altos precios del combustible provocaron el paro de transportistas
el pasado 28 de marzo, dando lugar a una protesta generalizada que se ha
extendido a otros gremios de trabajadores del país.
Pero las manifestaciones se han sucedido durante siete días, sumando
varios gremios de trabajadores que ya forman parte de la movilización general.
"Al ser una protesta que le toca directamente al bolsillo de los
hogares, muchos ciudadanos se han unido espontáneamente a estas marchas,
haciendo que sean más masivas aún", comenta para BBC Mundo Alexandra Ames,
jefa del Observatorio de Políticas Públicas para la Universidad del Pacífico en
Perú.
Las protestas se desarrollaron en Lima y las regiones de Piura,
Chiclayo, La Libertad, Junín, Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas y Ucayali,
entre otras, y llevaron a suspender las clases en las escuelas por la
restricción del transporte público.
Para apaciguar el descontento, el gobierno de Castillo eliminó este fin
de semana el impuesto selectivo al consumo del combustible hasta el próximo
junio, una de las principales demandas de los transportistas.
Además, el presidente decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo, que
subirá de 930 a 1.025 soles (US$280) a partir del 1 de mayo. Un alza que, a
priori, no beneficiará a un alto porcentaje de trabajadores debido al elevado
peso de la economía informal del país sudamericano.
Sin embargo, las medidas de Castillo no pudieron evitar que este lunes
se viviera otra jornada de protestas, bloqueos de carretera y episodios de
violencia que han impedido el abastecimiento normal de alimentos.
La huelga de trasnportistas ha interrumpido la movilización y transporte
regular de muchos peruanos.
2. Violencia desatada
"Ayer escaló el nivel de protestas en distintos puntos del país y
se ha descontrolado en algunos puntos", dice Ames.
Al menos una decena de las 25 regiones de Perú sufrieron bloqueos en
varias carreteras, incluidas algunas con accesos a Lima, la capital, y se han
reportado quema de casetas de peaje y neumáticos.
En Trujillo, al norte del país, se reportaron saqueos en supermercados y
otros comercios.
Desde que iniciaran las protestas, cuatro personas han muerto y unas 20
han sido detenidas.
Y prácticamente desde el 28 de marzo, los participantes han denunciado
actos de represión policial, algo que el gobierno ha contradecido.
El ministro de Interior peruano, Alfonso Chávarry, explicó que las
muertes se habían producido por circunstancias derivadas del bloqueo de
carreteras y no por actos de la policía.
Entre los fallecidos se encuentra un menor de edad.
El gobierno asegura que las muertes no se han producido en
enfrentamientos con la policía, sino en circunstancias derivadas del bloquo de
carreteras y protestas.
"La Policía ha manejado (la situación) con mucho tino", dijo
Chávarry en una rueda de prensa este domingo.
Durante este lunes, se sucedieron rumores de saqueos y vandalismo en
Lima. Varios comercios locales y bancos cerraron antes sus establecimientos
ante estos temores.
Un giro inesperado
Análisis de Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC Mundo en Lima
Pocos imaginaban que lo que empezó como una huelga convocada por un
grupo de asociaciones de transportistas la semana pasada se agravaría hasta
convertirse en un problema nacional que terminaría con la declaración del
estado de emergencia.
El inesperado anuncio del presidente Pedro Castillo al filo de la
medianoche, en el que decretó la inmovilización social obligatoria, sorprendió
a muchos peruanos que esta mañana se disponían a iniciar sus actividades
cotidianas y ha suscitado críticas en la esfera política y la calle.
El paso del presidente es el último giro de un mandatario cuestionado y
acostumbrado a cambiar de opinión. Sus críticos señalan sus constantes cambios
de criterio como la prueba de su incapacidad para dirigir el país.
Cuando comenzaron las protestas a finales de la semana pasada, Castillo
culpó de los bloqueos de carreteras a "cabecillas" y
"dirigentes" "malintencionados y pagados", acusación que
acompañó de una promesa de restablecer el orden que no ha podido cumplir.
Más tarde, adoptó un tono conciliador, se disculpó con los
transportistas y anunció que exoneraba del pago de algunos impuestos a la
gasolina, en un intento de apaciguar los ánimos que tampoco funcionó.
Para entonces, las imágenes de la policía incapaz de controlar acciones
violentas en distintos puntos de Perú ya copaban los informativos.
Ahora, ha recurrido a una medida extrema como el estado de emergencia
para apagar un incendio que ha sido particularmente virulento en los sectores
populares, esos a los que Castillo invoca permanentemente como su razón de ser.
Está por ver que el estado de emergencia surta el efecto deseado. Si no
lo hace, al presidente le quedarán pocos ases en la manga.
La popularidad de Pedro Castillo se sitúa en el máximo en sus ocho meses
de gobierno y muchos prevén que no será capaz de culminar su mandato.
3. Dramática pérdida de popularidad de Castillo
Incluso antes de juramentar como presidente, Castillo ya enfrentaba un
asedio desde la oposición y las élites empresariales, que no querían reconocer
su elección.
"Esto ya hizo que el gobierno empezara con una oposición muy
crispada y sin ganas de respetar la investidura principal", dice Ames.
Aún así, analiza la politóloga, "la ciudadanía quiso darle la
oportunidad y el beneficio de la duda".
Las principales críticas a Castillo incluyen su “incapacidad" para
elegir un equipo de gobierno "idóneo" para asumir los retos que el
Estado demanda. En ocho meses en el cargo, Castillo ha nombrado cuatro
gabinetes distintos.
A esto se suman las investigaciones de presunta corrupción que han
salpicado al mandatario. Algunos de los investigados incluyen a dos sobrinos de
Castillo y a Bruno Pacheco, exsecretario del presidente hasta su renuncia el
pasado noviembre.
Las acusaciones de corrupción fueron uno de los argumentos que se
utilizaron para promover una moción de vacancia contra él -la segunda desde que
es presidente- que fracasó la pasada semana por falta de apoyos en el Congreso.
El Ministerio del Interior ofrece una recompensa por los sobrinos y el
exsecretario de Castillo (izq.).
"Y finalmente se suma la escalada de malas decisiones que ha ido
tomando. En vez de corregir errores y escuchar a la gente, su único argumento
es que la oposición 'es una derecha que lo quiere vacar' y no ha tenido ninguna
gana de mirar hacia dentro", analiza Ames.
Este cúmulo de situaciones se ha visto reflejado en su descrédito de las
últimas encuestas. Ahora mismo Castillo cuenta con un 68% de desaprobación de
la ciudadanía, la mayor durante su gobierno, según el Instituto de Estudios
Peruanos.
La misma encuestadora señala que siete de cada 10 peruanos encuestados
consideran que Castillo no culminará su legislatura de cinco años.
Muchos de los que le desaprueban residen precisamente en las zonas
rurales que apoyaron su candidatura en 2021.
¿Por qué son polémicas las medidas de Castillo?
El anuncio del gobernante sorprendió a los 10 millones de limeños y a
gran parte de la ciudadanía. La medida se implementó de imprevisto, con apenas
dos horas de anticipación, cuando muchos peruanos ya descansaban.
Las medidas de Castillo sorprendieron a millones de peruanos, que solo
se enteraron del toque de queda y el estado de emergencia al despertarse este
martes.
El Ejecutivo dijo decretar la medida para "resguardar los derechos
fundamentales de todas las personas", aunque los críticos opinan que es
para evitar más protestas.
Muchos de los afectados por las restricciones se han despertado con
asombro, preguntándose qué va a pasar con sus actividades rutinarias.
"En el Perú hay un 80% de personas con trabajos informales, sin un
sistema de protección social adecuado. ¿Qué va a pasar con esas personas? La
medida se anunció a medianoche. ¿Por qué tan tarde?", dice Ames.
"Me atrevería a decir que si esta medida se levanta, al día siguiente
vamos a tener más protestas", opina la experta.
Los exentos de la norma incluyen al personal de servicios de salud,
agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones,
limpieza, servicios funerarios, transportes de carga y mercancías.
La opositora María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, afirmó en
Twitter que Castillo "no puede impedir el funcionamiento del
Congreso" de acuerdo con la Constitución.
La Defensoría del Pueblo, en la misma línea, calificó la decisión como
"inconstitucional", asegurando que no tiene en cuenta los
"severos impactos" que causará a las trabajadoras y los trabajadores
de la capital peruana, por lo que pidió al Ejecutivo que la deje sin efecto de
forma inmediata.
