De aprobarse en el pleno lo conseguido en la Comisión de Constitución,
la Ley de interpretación de la cuestión de confianza, no solo se estaría limitando
la función del ejecutivo de hacer uso de la cuestión de confianza para frenar
al congreso, se estaría también dejando al congreso la facultad de censurar ministros
cada vez que se les antoje así como vacar al presidente. Definitivamente un
atentado a la democracia que no se debe permitir.
No cabe ninguna duda, este Congreso está demostrando ser peor que
el anterior Congreso. Es evidente que lo que busca es generar un escenario de
crisis política social y desestabilización con el objetivo de lograr “a rio revuelta
ganancia de pescadores”.
Por lo que se comprueba, a este congreso no le interesa el país,
no le interesa la pobreza, no les interesa la difícil situación de crisis
sanitaria dentro de una crisis económica que enfrentamos producto de la pandemia
y a portas de una tercera ola cuyas consecuencias terminaríamos lamentando.
Es evidente que la intención del congreso es a como dé lugar, recuperar el poder perdido motivado por que como
es el caso de Keiko, están inmersos en casos judiciales por corrupción y que,
si no logran recuperar el poder hoy desplazados por Castillo, la justicia les
va a llegar y los va a condenar a prisión, por corrupción, lavado de activos y
por ser parte de una organización criminal.
Por ende, en el tiempo
que están en el cargo, la mayoría de bancadas del Congreso principalmente Fuerza Popular han orientado sus esfuerzos
hacia la aprobación de una norma que impida el cierre del congreso, una ley sin
sustento y con el agravante de constituirse en una amenaza al equilibrio de poderes.
Como lo manifiesta el ex ministro de Justica Francisco
Eguiguren. En este sentido, consideró que hay “cálculos y manipulación política
que distorsionan el uso de instituciones que tienen más de 150 años”, pero
agregó que estas medidas deben ser usadas “como remedio extremo”, sin abusar de
ello por cualquier motivo y de la misma manera debería proceder para el uso de
una censura.
El exministro de Justicia comentó que la Comisión de
Constitución puede regular la cuestión de confianza, pero no de forma aislada y
en base a la interpretación del artículo 132, sino mediante una reforma de la
carta magna.
“El problema está en que yo creo que el Congreso está muy
preocupado, muy influenciado por la experiencia del quinquenio pasado, donde
las malas relaciones entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria generaron de
ambas partes un uso y abuso, una distorsión, de este tipo de instituciones”,
sostuvo Eguiguren.
Por otro lado, Implementar ley interpretativa no sería
factible. El letrado, además, enfatizó en que la cuestión de confianza no se
puede regular a través de una ley interpretativa, ya que eso no existe en el
Perú. Aún más, precisó que lo planteado por la Comisión de Constitución “va en
contra de cosas que ya resolvió el TC”.
El ministro de
Justicia, Aníbal Torres, consideró que es inviable la interpretación auténtica
de la Cuestión de Confianza que aprobó la Comisión de Constitución del Congreso
y por ello “debe corregirse”. Torres indicó que el Congreso no puede
interpretar “auténticamente” a la Constitución porque este Poder no ha creado
la misma. “El congreso de la República no puede interpretar auténticamente a la
Constitución porque no ha creado la Constitución. Esta fue creada por el
Congreso Constituyente que sería el único que puede interpretar
auténticamente”, manifestó.
“Han incurrido en un
error o le han hecho incurrir en un error. Por lo tanto, se debe rectificar
porque eso atenta contra el equilibrio de poderes”, puntualizó. Torres explicó
que el Congreso de la República tiene la facultad de cesar a un presidente
“cuando se le ocurra” y además tiene la facultad de censurar a los ministros
sin ningún límite, en cambio se le quita esa posibilidad al Ejecutivo de
plantear esta cuestión de confianza”, aseveró.
