Plan demolición contra presidente Castillo (II): retorno de las psicosociales prensa al servicio de los golpistas

Plan demolición contra presidente Castillo (II): retorno de las psicosociales prensas al servicio de los golpistas

Continua el PLAN DEMOLICION, el acuerdo de los golpistas al que se ha sumado la Fiscalía es buscar destituir al presidente Pedro Castillo pero antes, inhabilitar a la primera vicepresidente Dina Boluarte con la acusacion de firmar documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac durante su cargo como ministra que no ocurre  con el congresista Alejandro Aguinaga que desempeña el cargo de   presidente del JCP.

Pero  aqui lo llama la atencion y causa estupor  e indignacion no es el hecho de Dina Baluarte haya incurrido en infracción constitucional. El problema es que la vicepresidenta Dina Baluarte seria la presidenta del Peru en caso que el presidente Pedro Castillo sea inhabilitado o vacado.   

DINA BOLUARTE RECHAZÓ INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL

Mediante su cuenta de Twitter, la abogada manifestó que “no existe compatibilidad alguna” en el ejercicio de su cargo como ministra y organizaciones donde participa “sin fines de lucro”. “Como todo ciudadano y ciudadana tengo derecho a participar en la vida de asociaciones civiles sin fines de lucro, máxime cuando representan el desarrollo cultural de nuestro país, como es el caso de la Asociación Departamental Club Apurímac, así como de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, instituciones de las que no he percibido ni percibo remuneración ni beneficio alguno, las que están dedicadas a la promoción de nuestra expresión cultural”, expresó.

Aquí el problema no es de forma, es de fondo, como lo revela la AGENDA DE LOS GOLPISTAS QUE ADJUNTAMOS:

1.

   Inhabilitar a Dina Boluarte

2.   Vacancia de Pedro Castillo

3.  -Cambiar al ONPE y JNE

4.   Elecciones presidenciales

La prensa se suma al Plan demolición contra el presidente Pedro Castillo

No cabe ninguna duda, son parte de la campaña de demolición contra el presidente Castillo como lo demuestran las portadas diarias que publican.

Pero no dicen ni pio del Congreso que blinda delincuentes cuello blanco, congresistas corruptos y violadores. No dicen nada de los 14 proyectos de reformas enviados por el ejecutivo entre ellos la reforma tributaria que por poner un ejemplo que incrementarían los ingresos en 12 mil millones de soles, proyecto bloqueado por el Congreso. No dicen nada de los congresistas integrantes de organizaciones criminales.  No dijeron nada de los actos de sedición promovido por la ex presidenta del Congreso María del Carmen Alva así como de sus 4 proyectos presentados que de aprobarse hubieran significado el incremento de las utilidades de sus empresas exportadoras en perjuicio de los derechos laborales de sus trabajadores.  Menos se ocuparon de la estragia puesta en marcha por la fujimorista Moyano cuyo objetivo era desestabilizar el país y provocar la caída del presidente Castillo.

Fiscalía se suma al Plan de demolición

Lo que faltaba, Fiscalía se suma a la campaña de demolición como lo da a entender la nota periodística publicada por Diario Uno que adjuntamos por su profundo contenido reflexivo:

Fiscal de la Nación llama “poner orden” a debilitar investigaciones emblemáticas

FISCAL BENAVIDES DICE NO TENER CONFLICTOS DE INTERÉS, PERO RATIFICA REMOCIÓN DE FISCAL QUE INVESTIGABA A SU HERMANA.

Por Diario UNO 4 de agosto de 2022

En respuesta al presidente Castillo, la fiscal Patricia Benavides señaló que los cambios al equipo que investiga el caso Cuellos Blancos no es una desarticulación. También se negó a tomar las declaraciones del presidente en Palacio de Gobierno, y nombró a una cuestionada aprista como gerenta general del Ministerio Público.

Luego de la publicación hecha por el presidente Pedro Castillo en referencia a los cuestionados cambios realizados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en diversos equipos especiales, entre ellos el que sigue la investigación del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” y la remoción de la fiscal Revilla, que investigaba a su hermana Enma Benavides, la titular del Ministerio Público declaró en RPP que lo que está haciendo es poner “orden en casa”.

“El tema del cambio de la fiscal Revilla es porque estoy poniendo orden en casa y es un tema de la producción que se viene realizando en el tema de la Fiscalía Suprema Transitoria”, dijo, y agregó que no existiría “ningún conflicto de interés”. “Yo soy la fiscal de la Nación y tengo que poner orden en casa. Y no por una investigación se va a perjudicar investigaciones de otros investigados”, dijo, olvidando que cuando fue entrevistada por la Junta Nacional de Justicia afirmó que no interferiría en investigaciones a sus familiares.

Sobre el caso Cuellos Blancos, afirmó que “eso de que se está desmantelando o desarticulando el equipo especial no es verdad”. Acto seguido, dijo que “el equipo no ha sido desarticulado” pero admitió cambios ajustados “a cuestiones técnicas”. Algo así como “no se ha caído, se ha desplomado”.

En otro momento, Benavides aseguró que no asistirá a Palacio de Gobierno para tomar las declaraciones del presidente Castillo, pues ello sucede cuando el interrogado es testigo, pero el mandatario se encuentra en calidad de investigado.

Frente a estas declaraciones, el abogado del presidente, Benji Espinoza, manifestó que “los miembros de su equipo fiscal se han comunicado conmigo y con Palacio para coordinar la diligencia de mañana ahí, no en Fiscalía”.

Tras lo dicho por la fiscal de la Nación, la abogada Cruz Silva advirtió la gravedad de sus declaraciones, en tanto “llama orden a la imposición y arbitrariedad”, en lo que parece ser el inicio de “una dictadura fiscal”. En esa línea, consideró que esto representa un hecho que pone en peligro “la independencia de los fiscales y las investigaciones sin miramientos”.

 SHOW Y CÁLCULO POLÍTICO

Una pregunta que nadie ha hecho a la fiscal de la Nación es cuál es el inconveniente o el perjuicio a las investigaciones de tomar las declaraciones a Castillo en Palacio de Gobierno. En el caso del presidente, es comprensible un afán de cuidar su debilitada imagen a fin de no exponerse a recibimientos hostiles por parte de “espontáneos manifestantes”, como habitualmente se observa en el hostigamiento de las hordas fujimoristas a quienes consideran sus enemigos políticos. En ese punto es válido un cálculo de estrategia política y comunicacional a fin de cuentas.

Sin embargo, en el caso de la fiscal de la Nación, no debería existir tal cálculo político, en tanto lo único que interesa a la Fiscalía es recabar las declaraciones del investigado mandatario. Al respecto, el constitucionalista Aníbal Quiroga, que no tiene una pizca de izquierdista ni es cercano a Castillo ni los sectores que lo apoyan, consideró una «discusión estéril» definir el lugar dónde el presidente deba declarar a los fiscales. «Lo que importa es lo que declare y que se logre un interrogatorio inteligente», dijo en Canal N.

 CONSTITUCIÓN DESFASADA

Acerca de la discusión sobre si el presidente Castillo debe ir o no a declarar a la Fiscalía, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, señaló a Diario Uno que la Constitución redactada durante la dictadura fujimorista, mantiene la ambigüedad de no señalar expresamente el escenario donde un presidente investigado pueda dar su declaración, por que buscaba proteger a Alberto Fujimori y el proyecto que este tenía para mantenerse en el poder.

Sin embargo, advirtió que una interpretación mucho más amplia y correcta indicaría que taxativamente la Constitución dice que no se puede acusar al presidente, pero sí se le puede investigar, y es en esa condición que el mandatario ha sido citado por Benavides..

Por otro lado, Quispe cuestionó la estrategia del abogado Benji Espinoza, quien estaría mal aconsejando al presidente y exponiéndolo a que una inasistencia a una citación pueda ser tomada después como una medida de obstrucción a la justicia en un eventual pedido fiscal de detención preliminar judicial o prisión preventiva”, advirtió.

UNA APRISTA EN LA FISCALÍA

De otro lado, en paralelo a las mediáticas pesquisas contra el presidente, la fiscal de la Nación continúa tomando decisiones que terminan siendo ampliamente cuestionadas. Entre ellas se cuenta el nombramiento como gerente general de la entidad a Edelmira del Carmen Barrantes Pérez, en reemplazo del renunciante Mariano Augusto Cucho Espinoza.

Resulta que Edelmira Barrantes fue militante del Partido Aprista Peruano desde 2008 hasta 2021, y en el 2010 estuvo involucrada en las investigaciones sobre ex trabajadores de EsSalud que cobraron indemnizaciones antes de pasar al Ministerio del Interior, donde Barrantes fue nombrada viceministra.

Sobre el tema, Ojo Público recordó que durante el segundo gobierno de Alan García, en 2010, Barrantes se desempeñó como jefa de la Oficina General de Administración (OGA) de EsSalud y previo a asumir como viceministra del Interior cobró más de S/. 64.000 por ‘despido arbitrario’.

 FISCALES PIDEN SER REPUESTOS

La abogada Bersabeth Revilla, removida por la fiscal de la Nación Patricia Benavides del caso donde investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides, por presunto cobro de coimas a cambio de liberar a narcotraficantes, solicitó mediante un escrito que se reconsidere la decisión, en tanto ésta carece de sustento y además atenta contra la jurisprudencia del sistema interamericano de justicia.