El baguazo no debe repetirse: 33 personas muertas

 

El baguazo no debe repetirse:  33 personas muertas

Hoy se cumplen 13 años del Baguazo en la que por presión de los Estados unidos, 33 personas perdieron la vida.

ü  Los responsables: Alan García, Mercedes Araos y Yehude Simón

ü  Que querían:  los KUKAMAS: Distribución de alimentos, Medinas y Salud

ü  Lo que reciben: Derrames de petróleo, Covid 19, represión  y muerte

 Como lo señala Juan Quispe, abogado del IDL, Incriminar a las víctimas es una estrategia política de gobierno que se aplicó en el caso de Bgua y que no debe repetirse con los indígenas del pueblo Kukama Kukamiria a raiz del conflicto en el Lote 95 que derivó en la muerte de tres indígenas y diez heridos más del lado civil, advierte Juan José Quispe en un diálogo con Servindi. El derecho a la protesta de los kukamas se justifica debido a que activaron la única forma de hacerse escuchar para ser atendidos en el contexto rural amazónico en el que se encuentran. La ocupación de la estación petrolera es una situación extrema debido al abandono e indiferencia del Estado a los pueblos indígenas en medio de la pandemia que se cierne mortalmente en sus territorios.

Sobre el tema, adjuntamos editorial publicada por el Diario la Republica el día de hoy 06-06-2022

A 13 AÑOS DEL BAGUAZO

La Republica06 Jun 2022

Actualizado el 06 de Junio 2022 | 4:43 h

Un enorme error gubernamental condujo a una masacre con 33 fallecidos y un desaparecido.

El partido de gobierno de hace 13 años, el Apra, que conducía el Congreso, selló una de las páginas más lamentables de la historia contemporánea al negarse a debatir una norma que afectaba directamente a las poblaciones amazónicas y promovía proyectos mineros. No se tomó en cuenta la protesta masiva de quienes se encontraban en pie de lucha, en una paralización que ya tenía varias semanas.

Al caballazo, sacaron adelante la ley que facilitaba el despojo de territorios ancestrales sin que se pusiera en vigencia el convenio de la OIT que obligaba a la consulta previa.

El camino de la represión para acallar la protesta abrió la puerta de la violencia que acabó con la vida de 33 personas y un desaparecido. En total fueron 23 policías, 10 pobladores —5 de ellos indígenas— y el mayor Bazán, aún desaparecido. Además, doscientos heridos (82 de ellos por armas de fuego), según un informe de la Defensoría.

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El Baguazo, como se le conoce a la matanza, se inició con un enfrentamiento en la Curva del Diablo, en la cual había más de dos mil awajún y wampis; y luego afectó a las plataformas petroleras de la región, en las que se desencadenó la muerte de policías que custodiaban el área.

Después de los sucesos vino la persecución de los dirigentes amazónicos, que purgaron años de prisión, en algunos casos sumamente injusta. En el 2016, luego de siete años de proceso judicial, fueron declarados inocentes. Para quienes desataron la violencia con su cerrazón y su desconocimiento del mundo indígena, hasta el momento no existe la justicia.

Algunas de las frases con las que se trató de justificar la represión grafican exactamente esta desconexión: “No son ciudadanos de primera categoría”. El cierre de una emisora local, Radio Bagua, por orden gubernamental, también pone en evidencia el extremo que se alcanzó para acallar las voces de protesta.

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Posteriormente, el Estado ha buscado promover espacios de diálogo intercultural para mejorar la gobernabilidad. La ley que obliga a la consulta previa entró en vigencia en 2011, pero sin el ejercicio pleno de derechos conforme a la OIT.

Los principales problemas de las comunidades ahora los ocasionan la minería, la tala ilegal y el asesinato de los dirigentes amazónicos que denuncian el deterioro de su hábitat, sin que exista mayor protección ni garantías. Aún queda un largo camino por recorrer para garantizar un país donde no existan ciudadanos de segunda categoría.