Una cachetada a la democracia peruana
La nota, una
cachetada a la democracia de Jo-Marie Burt que adjuntamos es profundamente reflexiva
y la publicamos para su conocimiento y difusión.
Pero quien es Jo-Marie Burt
Doctora en ciencia política por Columbia University. Profesora en George Mason University y Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), investiga sobre violencia política, autoritarismo, derechos humanos, y justicia transicional en América Latina. Síguela en Twitter @jomaburt. Ahi va la nota:
30 Mar
2022Actualizado el 30 de Marzo 2022 | 7:29 h
“Una vez más, el ciudadano de a pie ve cómo la cancha se inclina si eres
un político poderoso al que le devuelven los favores en forma de votos en el
tribunal más importante del país”.
Perú es uno
de los pocos países en el mundo en que el sistema de justicia se mostró capaz
de investigar y juzgar crímenes atroces. Gracias a la lucha incansable de las familias de las víctimas de La
Cantuta y Barrios Altos, Fujimori, quien
había fugado del país luego de diez años de gobierno arbitrario y corrupto, fue
extraditado, juzgado y condenado por un tribunal peruano. El juicio a Fujimori
no solo logró la sanción de graves crímenes: ayudó a afirmar un principio
fundamental de la democracia: nadie, por más poderoso que sea, está encima de
la ley.
Desde el
momento de su condena, los familiares y aliados de Fujimori desconocieron la legitimidad del
proceso judicial y la sentencia condenatoria, sin
base alguna. Sus enemigos utilizaron la justicia para sacar a Fujimori del
juego político, dijeron. El tribunal no fue imparcial, dijeron. Y desde
entonces, buscaron presionar a los gobernantes de turno para conceder el
indulto a Alberto Fujimori, desde Alan García, hasta Ollanta
Humala, hasta PPK: quien, para salvarse de la vacancia, le otorgó el
indulto humanitario en 2017.
PUEDES
VER: Fujimori tiene la disposición de quedarse en el domicilio de alguno de
sus hijos, según su abogado
Fujimori gozó un año
de libertad hasta que la Corte Suprema de Justicia determinó que además de ser
resultado de un vil negociado político, el
sustento técnico del indulto fue viciado en varios aspectos, y violaba tanto el
derecho peruano como el derecho internacional, como ya había señalado la Corte
Interamericana de DDHH. Haciendo valer la ley, anuló el indulto y ordenó el
regreso de Fujimori a la cárcel.
El lunes
el Tribunal Constitucional dio a conocer la resolución que
resucita el indulto fraguado, que liberaría otra vez a Fujimori. La resolución
es un mamotreto; basada en argumentos falaces y desconoce la resolución de
la Corte Interamericana. Los tres magistrados que votaron a favor de la liberación de Fujimori lo
hicieron en base a criterios políticos. Un
hecho grave tomando en cuenta que se trata de la más alta corte del país, cuya
labor es precisamente velar por el orden constitucional, que incluye los
tratados internacionales a los cuales el Perú está adscrito.
PUEDES VER: PPK insiste en que “no hubo concertación” para indultar a Alberto Fujimori
Una vez
más, el ciudadano de a pie ve cómo la cancha se inclina si eres un político
poderoso al que le devuelven los favores en forma de votos en el tribunal más
importante del país. Ante un fujimorismo que no acepta las
reglas de la democracia, el Perú camina hacia un abismo que solo lo pueden parar instituciones sólidas y una ciudadanía activa. La
orden judicial que impide salir del país a Fujimori, pues debe enfrentar juicio
por la masacre de Pativilca, es buena señal. Pero, para que una democracia lo
sea, se debe respetar el Estado de derecho. Se debe volver a anular el indulto
y Fujimori debe seguir cumpliendo su pena.
A 30 años del autogolpe del 5 de abril, liberar a Fujimori es una cachetada a la democracia.
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