Por plantear renegociar el gas de Camisea Congreso busca que colgar al ministro Bellido

 

Por plantear renegociar del gas de Camisea Congreso busca que colgar al ministro Bellido

Luego que el Premier Guido Bellido afirmará que planteara renegociar los contratos de gas de Camisea, la extrema derecha se lanzó a la yugular del mencionado premiar, afirmando que tal decisión espantaría la inversión en el país, inversión que  necesitamos para reactivar la economía. Acusando a la vez al ministro Bellido que lo que busca es,  la nacionalización del gas de Camisea que no es expropiación menos estatización.

Debemos  señalar que Keiko Fujimori como candidata presidencial de Fuerza Popular afirmo que recogerá la propuesta de Alfredo Barnechea que como candidato a la presidencia planteo  renegociar los contratos de gas y  nadie le dijo nada.

¿Es posible pensar que renegociar y nacionalizar el gas de Camisea es expropiar, estatizar el gas de Camisea? Es obvio que no. Nacionalizar es poner el gas al servicio de los consumidores del país.

Además, existe consenso político y empresarial para renegociar el gas de Camisea. La mayoría de líderes políticos se ha pronunciado a favor de la renegociación de Camisea, incluyendo a Keiko Fujimori, Veronika Mendoza, César Acuña, López Aliaga, entre otros. Contratos vinculados a la operación están cercanos a vencer.

Según supo La República dos empresas del mismo Consorcio Camisea están dispuestas a sentarse a la mesa a negociar con el Estado peruano. Entonces ¿por qué tanto salto si el piso esta parejo.

A continuación, adjuntamos nota de prensa para conocimiento público:

Negociando la exportación del gas de Camisea

Diario La República 28 Set 2021

“El precio en el mercado exterior durante años fue menor que el del mercado nacional, lo que indica que no debió ser exportado”.

La renegociación del contrato de exportación del gas de Camisea, Lote 56, era un lugar común en las piezas oratorias de los 16 candidatos postulantes a la Presidencia de la República. Desde Keiko Fujimori, pasando por Alfredo Barnechea, Hernando de Soto, César Acuña, el mismo Yonhy Lescano, entre otros, señalaban la necesidad de volver a repasar lo estipulado en el contrato de exportación del gas (el Lote 88 está destinado exclusivamente al mercado interno).

Nunca existió entre los candidatos una definición única de en qué consistía la renegociación. Había quienes precisaban que se trataba de un tema de soberanía, otro de regalías, otro de sobre ganancias. El urticante punto de las utilidades no se había tocado, hasta que el primer ministro peruano planteó que quería renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado.

Esta posición no resulta coherente, porque las utilidades son los excedentes que quedan a la empresa luego del pago de los impuestos y todos los otros costos. En realidad, lo que se tendría que discutir es el pago de mayores impuestos, no las utilidades.

Hay algunos temas que sí parecen renegociables, como es el precio al que se exporta en la actualidad el gas natural que no debe ser menor al que se cobra en el mercado interno. Cierto, el precio en el mercado exterior durante años fue menor que el del mercado nacional, lo que indica que no debió ser exportado. Una de las mayores críticas es que el Estado no participa en los contratos de comercialización a México ni a ningún otro país, lo que es inadmisible.

Otro tema sería la producción de gas del Lote 56 en Pampa Melchorita para que sirva como sustento de los combustibles del gran transporte nacional.

En lo concerniente al Lote 88, el precio que se cobra al consumidor final del GLP producido en un 80% por Camisea se calcula como si el 20% que se importa fuera el 100%. Es decir, pagamos como si todo el GLP se importara de Estados Unidos, cuando solo se trae un porcentaje muy menor. Acá el problema central es avanzar en la masificación domiciliaria para que el gas natural barato sustituya al GLP caro.

Todos estos cambios son posibles y podrían hacerse a través de un decreto supremo luego de un acuerdo entre las partes. El tema de la expropiación, como lo ha señalado el presidente Castillo, no está en la agenda del Gobierno. Y es que tomar ese camino pasa por la intervención del Congreso, y muchos detalles técnicos y legales que podrían costarle al Perú muy caro.