Por Adderly
Por ahora, las iniciativas que buscan impulsar un golpe
parlamentario a partir de la denuncia constitucional presentada por la fiscal
de la Nación contra el presidente Pedro Castillo, van a quedar en la
congeladora.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos
(OEA) aprobó por aclamación el pedido del gobierno peruano de activar la Carta
Democrática y emitió una resolución de respaldo a la preservación de la
institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú.
La OEA exhorta en su resolución a que todos los actores de la
crisis peruana enmarquen sus acciones en el estadio de derecho, y expresó
además su disposición a brindar apoyo y cooperación a requerimiento del
Gobierno del Perú, mediante gestiones para promover el diálogo entre todos los
poderes del Estado., en busca de consensos políticos y sociales.
Asimismo, resolvió “designar a un grupo de alto nivel conformado
por representantes de los Estados Miembros, en concordancia con la Carta
Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de
hacer un análisis de la situación de la que informará a este Consejo».
DEMOCRACIA EN PELIGRO
Durante la sesión, el canciller César Landa advirtió que el Perú
“vive en la actualidad una grave crisis política que requiere ser superada
porque afecta a los más vulnerables”, y que “de no ser corregida a tiempo,
podría ocasionar que se cuestione el orden democrático, el estado de derecho y
el ejercicio legítimo del poder en el Perú“.
“A pesar de todos los llamados (de diálogo), la confrontación no
solo continúa, sino que se ha agudizado poniendo en peligro la gobernabilidad
democrática”, añadió.
Por su parte, los representantes de Argentina, Bolivia y Colombia,
coincidieron en acusar los casos de “lawfare” que sufren los gobiernos de
raíces populares y de cambio, sometidos a la desestabilización mediante el uso
de procesos judiciales.
En esa línea, el representante argentino Carlos Raimundi advirtió
que se está haciendo común la desestabilización por la vía fiscal o judicial,
cuando un país elige a un dirigente popular “de piel menos clara” al frente de
un gobierno plebeyo, que el poder económico se niega a aceptar.
“No hay ningún fiscal, ningún sector parlamentario que pueda ser
más legítimo que la voluntad del pueblo, en este caso del pueblo peruano”,
dijo.
Por su parte, el boliviano Héctor Arce, señaló que los retrógrados
grupos de poder de Perú no toleran que un hombre humilde, de extracción
popular, elegido legalmente, sea presidente.
A su turno, el primer vicepresidente y relator para el Perú de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Ralón, señaló que en el
país existe «una alta conflictividad en el poder público», y agregó que
la inestabilidad política y los «persistentes cambios de autoridades han
impactado en el goce de los derechos humanos”.
Ralón también se ratificó en su diagnóstico sobre el uso reiterado
de tres figuras constitucionales: acusación constitucional, vacancia
presidencial y disolución del Congreso por la denegatoria de confianza a dos
consejos de ministros, lo que debilita el equilibrio de poderes.
CONGRESO EN DESACUERDO
Previamente, en una conferencia de prensa y acompañado de
congresistas con posiciones afines, el presidente de la Mesa Directiva, José
WIlliams, manifestó que “no corresponde activar la carta democrática de la OEA
porque no se dan los supuestos que puedan permitir que se active el
documento”.
Williams aseguró que el Congreso actúa dentro de los marcos
constitucionales y que sobre la tercera moción de vacancia presentada contra
Castillo “no hay nada diferente o extraordinario con ello”.
Cabe mencionar, pese a la desconcertante opinión del congresista
Jorge Montoya de que la participación de la OEA ahora sí sería una intromisión
o injerencia y no cuando él fue hasta su sede en Washington para denunciar un
supuesto fraude electoral, que las recomendaciones que estime realizar el
organismo supranacional serán de cumplimiento obligatorio.
El artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana señala que
“cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones,
constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado
Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la
Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del
ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de
los dos tercios de los Estados Miembros”.
DESCONFIANZA DE LA IZQUIERDA
Para el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, resulta
claro que esta defensa de la OEA al presidente Castillo “no es gratis”, y
que mas bien “marca el alineamiento geopolítico con EEUU”. “Mientras la OEA
golpea a Evo, denuncia a Venezuela y hostiga a Nicaragua, es rara su
filantropía con el gobierno ‘comunista’ del Perú”, advirtió en Twitter.
El analista Álvaro Campana, en tanto, señaló que la iniciativa de
Castillo de recurrir a la OEA fue “lo más coherente en su más vital apuesta de
gobierno: sobrevivir”, e ironizó con quienes creen que con ello “Castillo no
dará un giro a la izquierda y que se entrega al imperialismo”, pues a su criterio
el jefe de Estado “solo busca sobrevivir” y nunca tuvo voluntad real de cambiar
nada.
Desde Patria Roja, el subsecretario general Arturo Ayala cuestionó
que un país “tan soberano” pretenda resolver su crisis “amparándose en la OEA y
en la DEA”. “Antes, como ahora, el principio fundamental a defender es la no
injerencia. Por defender a Castillo están abriendo un precedente nefasto”,
dijo.
No obstante, hay quienes observan el actual momento desde una
posición más pragmática o acaso resignada. Ante la evidencia de un gobierno sin
voluntad para impulsar los cambios necesarios, y el asedio de una derecha
golpista que jamás aceptó los resultados electorales y persiste en su intención
de capturar el Ejecutivo por las malas, siempre será preferible mantener al menos
un marco de legitimidad legal y constitucional. Lo otro, podría significar la
impunidad de sectores vinculados a la megacorrupción al estilo Lava Jato
““32 países reunidos en la OEA han señalado que tienen la
percepción objetiva de que uno de los motivos es precisamente querer
cuestionar, más allá de razones fundadas, de dónde proviene el presidente, el
profesor Pedro Castillo, un profesor de la zona rural. La derecha no perdona
que una persona del campo los represente”, manifestó el ministro de Justicia,
Félix Chero.
“Es urgente superar la grave polarización, “pero no atropellando
la legalidad, sino utilizando herramientas políticas y abriendo camino a
espacios de diálogo con apoyo internacional, como los que podría poner en
marcha la OEA”, manifestó el relator especial de las Naciones Unidas para la
independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán
El pueblo debe decidir
La exministra de la Mujer, Anahí Durand, señaló que la criis
política que atraviesa el país “no empezó con Castillo pero se ha agravado”.
“Hoy se ha roto el equilibrio de poderes, la Constitución es vulnerada y las
instituciones se deslegitiman. La salida es ir a los temas de fondo e incluir
al pueblo, no es cosa de decir nos vamos todos’”, publicó en sus redes
sociales.
“Vacar al presidente e ir a nuevas elecciones con las mismas
reglas y los mismos actores es hacer que vuelvan los mismos.Los golpistas lo
saben y fuerzan ese escenario, no les importa la lucha contra la corrupción,
solamente quieren retomar el poder aunque traiga inestabilidad”, expresó.
Contra el asedio golpista, advirtió que “una salida democrática
que tenga legitimidad debe darle voz y decisión al pueblo”. En esa línea,
exhortó a que desde el Congreso se presente una iniciativa de referéndum para
consultar a la ciudadanía “si quiere adelantar elecciones generales y si
aprueba o no convocar una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución”.
