Pacto infame: presidente Castillo y Dina Baluarte seran inhabilitados (I)
Sin ánimos de querer
minimizar una acusación contra el presidente Castillo que debería ser vista por
el Poder Judicial ni caer en la “victimización”, queremos detenernos, en la
pretensión de quienes a como de lugar quieren capturar el poder inhabilitando
al presidente Pedro Castillo y a la primera vicepresidenta Dina Bolarte por no
contar con el número de congresistas para vacar al presidente.
Pero aquí lo que
llama la atención y causa estupor e indignación es la conducta asumida por el partido Perú Libre
quien no ha dudado en desprenderse de su
vestido de lentejuelas para compartir con el fuji montesinismo luna de miel en
la alcoba del escusado.
No cabe ninguna, de
toda la izquierda degenerada del Perú, el autoproclamado partido marxista Perú
Libre de propiedad de Vladimir Cerrón sin ningún escrúpulo, comparte acciones golpistas
con la mafia enquistados en el congreso con el único objetivo de vacar al presidente
Castillo y a su vice presidenta Dina Bolarte.
Increíble. Pero
cierto. Esto es el hoy por ti y mañana por mí, el hoy te ayuda y el tu me
ayudas. Ambos contentos. A todo esto ¿qué dirán los militantes de Perú Libre
convertidos en furgón de cola del fujimontesinismo? De ahora en adelante va a
ser difícil negar lo que es obvio, la consolidación de un pacto infame con el
fujimontesinismo debajo de la mese para liquidar al presidente campesino Pedro
Castillo y a su vice presidenta Dina Bolarte.
Por su importancia,
adjuntamos una crónica publicada por el Diario UNO para su conocimiento y reflexión:
Ratifican blindaje a
Merino y Becerril, pero dejan la puerta abierta para inhabilitar a Boluarte
Con la singular participación de Guido Bellido y Waldemar
Cerrón, la Comisión Permanente confirmó el archivamiento de las denuncias
contra los exfuncionarios.
2 de julio de
2022 Por
Diario UNO
La impunidad como
bandera. En una decisión que ha merecido una condena masiva, la Comisión Permanente
del Congreso ratificó el informe de la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales que propone el archivamiento de las denuncias contra el
expresidente de facto Manuel Merino y sus exministros Ántero Flores-Aráoz y
Gastón Rodríguez, por la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como los 79
heridos en las protestas de noviembre de 2020.
Los 22 votos a
favor, 6 en contra y una abstención, con los que la Comisión Permanente logró
el cuestionado blindaje a Manuel Merino en realidad, aunque indignante, no deja
de tener lógica en tanto es la misma coalición de fuerzas políticas que
pusieron a Merino en Palacio de Gobierno es la que hoy lo exculpa sin vergüenza
alguna, ratificando el infame informe del congresista Alejandro Cavero.
Lo sorprendente de
la jornada es el voto a favor del blindaje emitido por los perulibristas Guido
Bellido y Waldemar Cerrón, dos legisladores que habitualmente se refieren al
“pueblo” en su discurso político pero que ayer no se hicieron problemas en
votar una vez más en sintonía con la ultraderecha, negándole a las víctimas de
la represión policial el acceso a la justicia.
Y resulta
particularmente contradictorio, sino perverso, el comportamiento de quien se
presenta en sus redes sociales como “secretario de ideología de Perú Libre”. En
la primera votación del informe Cavero, Waldemar Cerrón no asistió a la sesión
de la Subcomisión, permitiendo que sea la presidenta del grupo de trabajo,
Rosío Torres, quien inclinara la balanza con su voto dirimente.
Luego, tras el
pedido de reconsideración presentado por Edgar Reymundo (Cambio Democrático)
Cerrón votó a favor de que se vuelva a evaluar el informe. Pero ayer, en la
hora decisiva, volvió a ratificar su posición de blindaje a favor de Merino y
compañía. Todo esto, a pesar de que se había comprometido en apoyar a la
Asociación de Víctimas del 14N.
Para completar la
paradoja, Guido Bellido y Waldemar Cerrón votaron incluso en contra de la
posición expuesta por el secretario general de su partido, Vladimir Cerrón. “El
voto dirimente de la congresista Rosío Torres de APP, para favorecer el archivo
respecto a los actos criminales contra la juventud, el 14 de noviembre del
2020, queda como un histórico sello de impunidad que el Perú jamás olvidará y
fulmina su carrera política”, publicó el fundador de Perú Libre el 17 de junio.
EL PUEBLO LOS JUZGARÁ
Tras la decisión
adoptada, la congresista y próxima vocera de la bancada de Perú Libre, Silvana
Robles, cuestionó la decisión señalando que “el congresista Alejandro Cavero
tilda de ignorantes a quienes cuestionamos su vergonzoso informe”. “Ignorante
el que, pese a conocer las leyes, elabora malabares jurídicos para encubrir a
sus padrinos y aliados políticos, negando el derecho a la verdad de los deudos
y familiares”, publicó en Twitter.
Confrontada por el
voto blindador de sus correligionarios Bellido y Cerrón, la legisladora por
Junín indicó que “cada congresista responde por sus votos; la población sabrá
juzgar a cada uno”
Por su parte, la
analista Laura Arroyo advirtió que la izquierda es sinónimo de derechos
humanos, memoria y justicia social. “Tres características fundamentales
pisoteadas hoy por Waldemar Cerrón al apoyar el blindaje de un golpista como
Merino. El deber no es solo no olvidar, es saber distinguir izquierda de
oportunismo”, dijo.
CONGRESO INCONGRUENTE
En otra decisión que
generó el repudio ciudadano, la Comisión Permanente aprobó el informe de la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propuso blindar al
excongresista del fujimorismo, Héctor Becerril, quien había sido denunciado por
presunto tráfico de influencias agravado.
Pese a que Becerril
también fue denunciado por la Fiscalía de integrar la organización criminal
“Los Temerarios del Crimen”, el ex legislador terminó blindado por los votos de
Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular, Podemos, Renovación Popular y
Somos Perú.
En el colmo de la
incongruencia, después de impedir que el Ministerio Público investigue a Merino
y Becerril por la presunta comisión de tan graves delitos, la Comisión
Permanente dio 15 días más a la Subcomisión para que presente su informe final
sobre la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte, a quien pretenden
inhabilitar por presuntamente ocupar un cargo directivo en un club
departamental cuando ya era ministra de Estado.
