Estatización de Repsol
El anuncio de Ollanta de comprar los
activos de Repsol que alboroto el gallinero al final termino en cuento, despejando
el temor de la burguesía del retorno al velasquismo.
Lo que buscaba Ollanta en teoría era comprar
activos de Repsol que en el terreno de los hechos no se dio, convirtiéndose en
una oportunidad perdida.
Sobre el tema adjuntamos una crónica
publicada por Gabriel Adrián el 8 de mayo de 2013 que por su contenido
profundamente reflexivo recomendamos su lectura y difusión.
Por: Gabriel Adrián.
Ollanta Humala
anunció que estatizaría una parte de los activos de Repsol. La noticia hizo
saltar hasta el techo a una fracción de la gran burguesía. Estos hablaron de
“estatismo”, “retorno a las épocas oscuras del Velasquismo”, “hacer crecer un
estado ineficiente” y “que se violaría la Constitución”. La prensa con el
diario El Comercio a la cabeza advertía sobre el “resurgimiento” del izquierdista
Humala. Nada más estúpido en vista que Humala es un fiel servidor el gran
capital transnacional y de la gran burguesía peruana. Lo que se expresó en este
debate fue el enfrentamiento entre dos fracciones de la gran burguesía que se
encuentran en competencia por obtener mayores beneficios y por defender la
hegemonía ideológica neoliberal.
Finalmente, el gobierno de Humala dió
marchá atrás y el Estado no adquirió ningún activo de la petrolera española.
Sin embargo, este enfrentamiento entre diferentes fracciones de la gran
burguesía y su procesamiento mediático abre un debate sobre estatizaciones que
tiene varios ejes a discutir.
En primer lugar, estamos ante un
ordenamiento jurídico en su génesis y contenido altamente autoritario, que ha
acentuado el carácter autoritario del Estado peruano. La Constitución de 1993
fue aprobada después del autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. La Constitución
de 1993 fue aprobada en un referéndum en medio de una serie de irregularidades
y tras una campaña electoral en la cual Fujimori uso todos los medio lícitos e
ilícitos, especialmente los fondos del Estado, para favorecer su agrupación
política. Esta Constitución sentó las bases jurídicas del orden económico
neoliberal en el cual el Estado no tiene un papel preponderante en la economía,
relegado a fomentar la inversión privada y en el cual la inversión privada
tiene prioridad sobre la inversión pública.
Pero aún bajo este ordenamiento jurídico el
Estado peruano no infringiría la Constitución autoritaria si comprara parte de los
activos de Repsol en el Perú porque esta sanciona que el Estado tiene una
participación subsidaria en la economía. El comprar parte de los activos de una
trasnacional no significa que el Estado asumirá un rol dirigente de la
economía.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta
que las privatizaciones que llevó a cabo el gobierno de Fujimori a principios
de los noventa fueron en contra de los intereses del Estado y del país. Las
empresas fueron subvaluadas. La compañía eléctrica EDELNOR fue privatizada por
176 millons de dólares. Esta empresa ya privatizada generó entre 1995 y 1997
ganancias por 120 millones de dólares. Es decir, 68% del valor de compra
retornó a los bolsillos de los inversores en tan sólo dos años. La compañía
petrolera PETROPERU generó beneficios por 1,3 billones de dólares entre 1992 y
1998. Esta suma corresponde al doble de lo que recibió el Estado peruano en esa
época por la privatización de parte de los activos de PETROPERU y trabajando
con capacidades reducidas por las partes perdidas a través de las
privatizaciones. Esto quiere decir que PETROPERU hubiera generado mayores
ganancias si no hubiera sido privatizada.
La derecha cavernaria “anti-estatista” se
pone a la cola de la actual tendencia mundial. En momentos en que es
archiconocido que la crisis económica es resultado de una falta de regulación
de la economía que hizo y sigue haciendo de la especulación bancaria el primado
de una economía mundial en crisis. Alemania estatizó bancos para evitar una
agudización de la crisis. Se discutió la estatizacion de toda la banca incluso.
Debates que aterrorizarían a nuestra derecha bruta, chupasangre hasta más no
poder se han estado dando en los centros de la economía mundial. Pero no es
necesario ir muy lejos, veamos al gigante Brazil. El Estado vecino sostiene su
economía en base a sus empresas estatales que actúan en Sudamérica de manera
casi imperial. Petrobras genera ingentes ganancias anuales y es el sostén de
todo gobierno brasileño. Sería alguien tan estúpido para proponer la privatización
de Petrobras. Aquí hay que señalar, sin embargo, que Petrobras actúa con
capital transnacional europeo.
Pero, apartémonos un poco de la “política
real”. Si el Estado peruano hubiese comprado parte de los activos de Repsol
esto no hubiera significado una estatización. Compra no es estatización. Una
estatización supone un acto de fuerza por el cual una empresa pasa a manos del
Estado debido a intereses colectivos. Al respecto, a su vez, hay que distinguir
entre dos tipos de estatización: por indemnización y confiscación. Las
estatizaciones por indemnización no benefician necesariamente a la mayoría de
la población. Por ejemplo hay estatizaciones por indemnización a través de las
cuales las empresas son sobrevaluadas. Esto se dió durante la dictadura militar
de Velasco Alvarado (1968-1975) cuyo régimen pagó sobreprecios a
transnacionales estadounidenses del petróleo.
Una estatización por confiscación implica
que el Estado no paga ni un centavo por la empresa estatizada. El no pagar
significa que el Estado y el pueblo en general reciben una indemnización por
las ganancias que la empresa privada obutvo a costas de la plusvalía apropiada
de los trabajadores y del pueblo en general.
De igual manera, es necesario tener en
cuenta el carácter de clase de un Estado, es decir, a qué clases y grupos de la
población favorece este Estado. Un Estado puede aumentar su capital sin que
esto signifique que este capital vaya a ser distribuido entre la población o
vaya a revertir en su beneficio. Este capital estatal no se utilizará
necesariamente para que se multipliquen las empresas estatales que creen
puestos de trabajo o que se desarrolle la agricultura de tal manera que se
erradique la pobreza del campo. El hecho que un Estado aumente su capital no
implica necesariamente que se vayan a erradicar las desigualdades ni que se
redistribuya la riqueza.
Tomemos otro ejemplo del régimen de Velasco
Alvarado. Durante el gobierno de este general “estatista”, entre 1968 y 1973
las ganancias del sector privado aumentaron en 100 %, la recaudación
tributaria del Estado aumentó tan sólo 20% en el mismo periodo. Las empresas
privadas fueron las grandes ganadoras de la política estatista de Velasco.
O veamos el ejemplo en Bolivia del gobierno
de Evo Morales que ha creado puestos de trabajo en la administración pública.
Estos son, sin embargo, trabajos precarios, con bajos sueldos y contratos
basura, muy característicos de un régimen neoliberal.
Un Estado puede crecer para favorecer al
sector privado, para asumir segmentos menos rentables de una rama, para
enfrentar con mayor efectividad problemas con los trabajadores o para apoyar a
la empresa privada en caso que afronten problemas de inversión. El caso más
claro es la estatización por indemnización de activos de bancos en España y
Alemania para darle aire al sector financiero privado. El anuncio de la compra
de activos de Repsol por el gobierno de Humala no estaba orientada a debilitar
sino a fortalecer el gran capital, principalmente transnacional en la rama de
explotación petrolera.
En suma, la política neoliberal entreguista
sigue siendo hegemónica en el Perú. Ya sea de una fracción u otra, con un
Estado más o menos amplio. El capital transnacional y el gran empresariado
chupasangre se seguiran beneficiando de las arcas del Estado y a costa de la
del dinero de los peruanos trabajadores. Y Ollanta Humala seguirá buscando la
mejor manera de servir más efectivamente los intereses del gran capital.
